En el último mes, dos casos extremos de violencia de género sacudieron Argentina, en plena campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre
El primer caso fue un triple feminicidio difundido en redes sociales. La atroz mutilación y asesinato de dos jóvenes y una adolescente, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre, desató protestas de miles de personas convocadas por feministas y organizaciones de derechos humanos
Los rostros de las tres víctimas plasmados en pancartas, fotografías y remeras acompañaron a una ruidosa marcha donde sonaron con furia los tambores de los movimientos feministas al grito de "¡Vivas nos queremos!”.
Familiares de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, de 20, y de Lara Gutiérrez, de 15, torturadas y descuartizadas en un acto "aleccionador" de una banda de criminales, reclamaron justicia en una marcha llevada a cabo el 27 de septiembre.
"Hay que proteger más que nunca a las mujeres", dijo a la prensa el padre de Brenda, Leonel del Castillo, al frente de la manifestación. Antes había lamentado "no haber podido reconocer" el cuerpo de su hija debido a las marcas de la tortura.
La mayoría de los sospechosos de este crimen están detenidos ya, informó la fiscalía.
La causa, vinculada por las autoridades con la narcocriminalidad, fue clasificada por la Fiscalía como homicidio calificado, premeditado por dos o más personas, cometido con alevosía, ensañamiento y violencia de género. Así, estos asesinatos son oficialmente considerados feminicidios ―como Argentina llama a los feminicidios― y los culpables podrían recibir penas de prisión perpetua.
Otro caso que conmocionó al país fue un doble feminicidio en Córdoba, cometido por un ciudadano uruguayo cercano al gobierno de Javier Milei.
Las cifras de feminicidios se han mantenido "establemente altas", con un promedio de casi 300 víctimas anuales en dos décadas de gobiernos de distinto signo político, reconocen políticas y activistas.
En 2024, 247 personas murieron víctimas de violencia de género en la Argentina: 228 fueron víctimas directas de feminicidio y 19 fueron víctimas de feminicidio vinculado, es decir, personas, muchas veces niños y niñas, asesinadas en un contexto de femicidio, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Argentina ha sido históricamente un modelo regional por su abundante legislación contra la violencia de género, pero el gobierno actual ha abandonado el tema.
"La violencia de género está en la agenda pública, en las mesas de las familias, pero las prácticas culturales siguen siendo machistas y patriarcales. El Estado debe poner mucho más dinero en la prevención, no retirarse", dijo Fernanda Tarico, de Shalom Bait (Paz en el Hogar, en hebreo), a la agencia AFP.
El presidente argentino, Javier Milei, quien ha nombrado al feminismo y a la “ideología de género” como sus enemigos, ha disminuido la atención estatal a estos temas. Entre sus primeras acciones al llegar a la presidencia, eliminó el Ministerio de Igualdad y la Mujer.
El presidente libertario quiere ir más allá y dijo a principios de este año que intentará eliminar la figura legal de feminicidio, los cupos laborales para minorías sexuales, la paridad de género en listas electorales y los documentos de identidad no binarios.
Además, el gobierno prometió eliminar la figura legal del femicidio.
“Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Porque esta Administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, dijo Javier Milei en enero, durante su discurso en el Foro Económico Mundial. “Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”.
En su discurso, el presidente cuestionó que “si uno mata a la mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”.
La reforma debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso. Para lograrlo necesita de una mayoría legislativa con la que aún no cuenta, pero que su partido —La Libertad Avanza— podría obtener en las elecciones intermedias.
La tipificación del feminicidio que Milei busca derogar fue aprobada por el Congreso argentino en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, un año antes de que la Organización de Naciones Unidas instara a los países a tomar medidas ante las “proporciones alarmantes” de asesinatos de mujeres y niñas a nivel mundial.
El concepto fue incorporado implícitamente en el Código Penal como agravante del delito de homicidio y penaliza con prisión perpetua al hombre que asesine a una mujer en un contexto de violencia de género.
Organizaciones especializadas advierten sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas relacionadas con violencia de género durante el gobierno de Milei.
En su último informe, ONU Mujeres señala con preocupación el debilitamiento de la institucionalidad de género en Argentina, con impactos directos sobre las políticas contra la violencia de género
“En diciembre de 2023 se disolvió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y las responsabilidades relacionadas con el género se transfirieron primero al Ministerio de Capital Humano y, en agosto de 2024, a diferentes áreas del Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos. En este contexto, se redujeron o eliminaron numerosas políticas y programas dedicados a abordar la igualdad de género y la violencia contra las mujeres”, explica el informe.
“Este fenómeno va en dirección contraria al primero de los acuerdos alcanzados por distintos países de la región en la última Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se instó a fortalecer la institucionalidad y la arquitectura para el logro de la igualdad de género”.
El gobierno de Milei recortó cuatro programas que estaban directamente orientados a prevenir o atender situaciones de violencia por motivos de género.
Entre ellos se encontraban los Dispositivos territoriales de protección integral, que ofrecían asistencia directa a personas en situación de violencia, y el programa de Apoyo urgente ante violencias extremas, destinado a casos críticos como intentos de feminicidios y transfeminicidios.
La Línea 144, una línea telefónica donde se ofrece información, contención y asesoramiento a través de un equipo interdisciplinario, experimentó una reducción del 64% en su presupuesto en 2024, de acuerdo con el análisis de Presupuesto Abierto realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
