El pacto no cesó la violencia y el actual mandatario Gustavo Petro intenta apagarla con negociaciones. Pero a un año de terminar su mandato, la mayoría de los frentes de negociación abiertos por Petro están en punto muerto.
El desarme de las FARC dejó en los territorios remotos de Colombia un vacío de poder que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles.
Las organizaciones ilegales se han fortalecido desde entonces con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos.
“Varias de nuestras alertas se han cumplido: expansión de grupos armados, falta de método, débil articulación institucional y una arquitectura estatal insuficiente”, dice Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un informe.
En el informe se señala que las prioridades de Petro cambian al ritmo de la coyuntura y los intereses del gobierno.
En el mes pasado, por presiones internas y externas, Petro se movió para reabrir las conversaciones con ELN y avanzó otros procesos de diálogo. El 13 de octubre propuso reiniciar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), congelado desde enero; el negociador principal del grupo guerrillero,
Pablo Beltrán, señaló uno días antes la apertura mientras acusaba al gobierno de "sabotear" conversaciones pasadas dividiendo el movimiento, probable referencia a la fragmentación de la facción conocida como Comuneros del Sur, ahora en conversaciones separadas con el gobierno.
