Mientras Estados Unidos intensifica su campaña contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, presuntamente transportan drogas, los aliados tradicionales de Washington han decidido rechazar estas medidas o, al menos, no apoyarlas del todo.
Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en su mayoría provenientes de Venezuela y Colombia, para presuntamente combatir el tráfico de drogas en su país.
Hasta el 15 de noviembre, Estados Unidos ha cometido 21 de estos ataques letales contra embarcaciones civiles. El número de muertos asciende a 83, de acuerdo con un recuento hecho por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La administración Trump no ha proporcionado información sobre quiénes eran las personas a bordo de las embarcaciones atacadas en aguas internacionales.
De acuerdo con especialistas en derechos humanos, estos ataques estadounidenses pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Las acciones de la Casa Blanca no han sido aprobadas por el Congreso, que cuenta con la facultad de autorizar los ataques contra agentes extranjeros.
Expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas indican que incluso si se comprobara que las personas asesinadas en estas ofensivas estuvieran involucradas en acciones delictivas, la respuesta era su detención y su procesamiento penal, no su muerte.
“Los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos han dicho con frecuencia al Congreso que desean más recursos para la detección, la vigilancia y la interdicción. Sin embargo, nunca han solicitado la capacidad para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales”, indica WOLA en un informe sobre la situación.
A pesar de las críticas, Washington movió al Caribe el portaviones más grande del mundo para unirse a esta operación contra el tráfico de sustancias que mata a miles de estadounidenses cada año, aunque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste que el objetivo es su cabeza y apropiarse de sus reservas de petróleo.
Trump ha dicho que el gobernante izquierdista tiene los días contados, aunque no hay un discurso oficial de cambio de régimen. "En algún momento, hablaré con él", dijo Trump el lunes. "'Face to face', cara a cara", respondió Maduro.
Ante estas críticas y señalamientos de violaciones a los derechos humanos, los principales aliados de Estados Unidos han buscado deslindarse de estos ataques.
Reino Unido ya no compartirá inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares de Estados Unidos y cree que los ataques son ilegales, de acuerdo con un reporte de la cadena CNN que cita a fuentes familiarizadas con la materia.
Esta decisión, inusual entre dos aliados militares tan cercanos como Estados Unidos y Reino Unido, indicará que Londres no cree que los polémicos ataques de la administración contra presuntas narcolanchas sean legales.
Reino Unido, que mantiene la supervisión de varios territorios insulares en el Caribe, ha compartido durante mucho tiempo inteligencia con Estados Unidos sobre los movimientos de buques sospechosos que viajan desde Sudamérica, por lo que pueden ser incautados por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Sin embargo, poco después de que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra los barcos en septiembre, Reino Unido se preocupó de que Estados Unidos pudiera utilizar la inteligencia proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos.
En respuesta al informe de CNN, un portavoz del gobierno del Reino Unido dijo: "Es nuestra política de larga data no comentar sobre asuntos de inteligencia".
Canadá, otro aliado clave de Estados Unidos que ha ayudado a la Guardia Costera de los Estados Unidos a prohibir a presuntos narcotraficantes en el Caribe durante casi dos décadas, también se ha distanciado de los ataques militares estadounidenses.
El país pretende continuar su asociación con la Guardia Costera, llamada Operación Caribe, pero Ottawa ha dejado claro a Washington que no quiere que su inteligencia se utilice para ayudar a atacar barcos para ataques mortales, dijeron fuentes canadienses a CNN.
La Operación Caribe, en curso desde 2006, ve a la Real Armada Canadiense y a la Real Fuerza Aérea Canadiense asociarse con la Guardia Costera para ubicar y detener presuntas embarcaciones con droga en el Caribe, llevando a cualquier detenido a Estados Unidos para enfrentar un proceso penal.
Un portavoz de la defensa de Canadá dijo a la prensa canadiense el mes pasado que "es importante señalar que las actividades de las Fuerzas Armadas Canadienses bajo la Operación Caribe, realizadas en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, son separadas y distintas" de los ataques militares estadounidenses contra presuntos buques de drogas.
La Operación Caribe es la contribución de Canadá a una misión multinacional más amplia llamada Campaña Martillo, que involucra a 14 países desde las Américas hasta Europa.
Francia expresó el martes su "preocupación" por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, en el primer día de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Canadá, el 11 de noviembre.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, criticó las "operaciones militares" en el Caribe, y dijo que es crucial evitar "la inestabilidad causada por posibles escaladas", después de que Venezuela advirtiera que los despliegues de Estados Unidos podrían desencadenar un conflicto total.
"Hemos observado con preocupación las operaciones militares en el Caribe porque ignoran el derecho internacional", dijo Barrot, sin mencionar acciones específicas de Estados Unidos.
Barrot dijo que es esencial para el G7, un club de democracias industrializadas, "trabajar en concreto" para confrontar el narcotráfico mundial, y señaló que un millón de ciudadanos franceses viven en el Caribe y podrían ser afectados por cualquier posible agitación.
La relación más afectada por las operaciones contra embarcaciones en el Caribe ha sido la que Estados Unidos sostenía con Colombia.
El presidente Gustavo Petro ordenó el 11 de noviembre suspender la información de inteligencia de seguridad compartida con Washington como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico.
El anuncio provocó rechazo entre políticos de oposición, exmilitares y jefes de inteligencia colombianos.
"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública de suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, dijo Petro en un mensaje publicado en X. "Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe", añadió.
Sin embargo, el gobierno colombiano indicó dos días después que mantendría la cooperación en inteligencia con Estados Unidos.
"La información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos. Toda se entrega a Estados Unidos, si se compromete a no usarla rompiendo tratados de derechos humanos", afirmó el mandatario izquierdista durante una ceremonia de ascenso de policías en Bogotá.
Petro también anunció una propuesta de coordinación contra el narcotráfico entre países caribeños frente a la "táctica" de Trump.
Con información de AFP
