La inseguridad es uno de los temas clave que moverá las elecciones en Honduras, país centroamericano que elegirá al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro en la presidencia este domingo.
Honduras, uno de los países más violentos de América Latina, sufre, igual que Guatemala, el terror de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Desde diciembre de 2022, el gobierno de Castro mantiene un estado de excepción similar al que impuso el mandatario Nayib Bukele para reducir a mínimos históricos los homicidios en El Salvador, pero ambas estrategias son criticadas por defensores de los derechos humanos.
Además, los resultados obtenidos en Honduras no son, ni de cerca, tan espectaculares como los obtenidos en su país vecino. Estas son las razones.
Ante el aparente éxito de la estrategia de El Salvador contra las pandillas, muchos países en la región buscaron aplicar la misma fórmula para terminar con sus problemas de inseguridad.
Honduras, a pesar de presentarse como un gobierno, fue uno de los primeros en adoptar una estrategia similar a la de Bukele. En diciembre de 2022, Castro decidió aplicar también un estado de excepción en parte del país, especialmente en las áreas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con lo que se suspendieron algunos derechos constitucionales con el fin de confrontar las maras con dureza.
El estado de excepción se ha prorrogado desde entonces. Ha incluido operaciones militares para recuperar el control de las prisiones.
También siguiendo el modelo de mano dura de Bukele, la presidenta hondureña anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una en las islas de los Cisnes y otra en Patuca, con capacidad para 1,500 reclusos. Hasta el momento de publicación, las obras no han comenzado.
Aunque los homicidios en Honduras bajaron de 38.1 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 26.8 en 2024 —según datos oficiales—, los pandilleros siguen extorsionando a transportistas y comerciantes.
“Aunque estas cifras señalan un avance, está claro que la violencia en Honduras aún no se ha controlado”, señala un análisis de la Universidad de Navarra.
Hay varias razones por las cuales, a pesar de implementar una estrategia en apariencia similar, Honduras obtuvo resultados menos eficaces por varias razones.
De acuerdo con la Universidad de Navarra, la principal razón es que el plan de Bukele incluyó negociaciones secretar con las maras. Medios de comunicación salvadoreños como El Faro han publicado información sobre los diálogos que el gobierno salvadoreño ha mantenido con las pandillas. Bukele ha sido incluso acusado de liberar a altos dirigentes de las maras a cambio de que mantuvieran un perfil bajo estando en libertad.
También la estrategia no se puede replicar exactamente porque la configuración de las maras es distinta en Honduras.
“En El Salvador, MS-13 y Barrio 18 mantienen una presencia prácticamente ubicua en todo el país, mientras que en Honduras las concentraciones son distintas y hay más variedad de grupos criminales, por lo que resulta más complicado mantener negociaciones”, indica el análisis.
En Honduras, a diferencia de lo que pasa en El Salvador, los mayores responsables de los homicidios no son las maras, sino el narcotráfico, como ha señalado el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras.
De acuerdo con InSight Crime, sitio especializado en la investigación sobre la criminalidad en el mundo, la violencia en Honduras es perpetrada por grupos de narcotráfico locales —los Cachiros y los Valle Valle—, pandillas y fuerzas de seguridad corruptas que trabajan principalmente con organizaciones criminales transnacionales de Colombia y México.
Honduras, ubicada en el Triángulo Norte de Centroamérica, es uno de los puntos de transbordo del narcotráfico más importantes entre Sudamérica y México.
Además, el narcotráfico ha penetrado en lo más profundo de la vida política de Honduras. Miembros de todos los partidos han sido salpicados, incluido el gobierno de Castro, pues hace un año se filtró un video donde aparece el hermano de Manuel Zelaya —expresidente y esposo de Castro— negociando dinero de capos de un cartel local para la campaña de 2013.
Un caso que simboliza el nivel de influencia del narcotráfico es el del expresidente Juan Orlando Hernández. En abril de 2022, casi tres meses después de dejar la presidencia, Hernández, que venía de gobernar dos periodos desde 2013 tras cuestionados comicios, fue extraditado en un avión de la DEA.
Señalado por la justicia estadounidense de convertir a Honduras en un "narco-Estado" y en una superautopista para la droga, fue condenado en 2024 a 45 años de prisión.
Esta protección política permitió que los grupos tradicionales de narcotráfico floreciera. El ejército del país también ha sido acusado de participar en actividades criminales.
“Recientemente, los grupos criminales del país han evolucionado y están cultivando coca y procesando su propia cocaína tras años de experimentación. Esta nueva dinámica ha alterado permanentemente la infraestructura de narcotráfico en el país”, advierte InSight Crime.
