Las Copas del Mundo son una enorme fiesta para los países que los reciben. Sin embargo, en muchos casos, grandes grupos de la población suelen quedar fuera de las celebraciones. En los últimos tres mundiales ha sido así.
Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 serán recordadas no solo por los triunfos logrados en las canchas ni por el ambiente festivo que rodeó a muchos de los partidos, pero también por las protestas, las polémicas y las acusaciones graves de violaciones de los derechos humanos.
Brasil fue, en su momento, el Mundial más caro de la historia, con un gasto de 11,000 millones de dólares en estadios e infraestructura de los estadios y de las infraestructuras necesarias para alojar este evento. Para muchos, el gasto no correspondía a la realidad económica del país sudamericano.
Este fue el motivo de las protestas y huelgas que estallaron en varias ciudades de Brasil. Incluso mucho antes de que la cuenta regresiva señalara menos de un mes para el Mundial, las protestas ya se hacían notar durante la Copa Confederaciones, celebrada en 2013.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional denunció en un informe sobre los Juegos que los derechos a la libre expresión y a la manifestación pacífica no fueron respetados por las autoridades brasileñas.
Por ejemplo, la Asamblea Legislativa de Sao Paulo aprobó un proyecto de ley para restringir el derecho a la protesta, que era inconstitucional. También se registraron episodios de uso excesivo de la fuerza y de armas “menos letales” por parte de la Policía militar.
Amnistía también registró la detención de manifestantes pacíficos y agresiones contra ellos, actos de intimidación y agresiones a los periodistas que cubrían las protestas.
Por otra parte, la organización Justicia Global cree que al menos 150,000 personas fueron afectadas por desalojos forzosos relacionados con la preparación del Mundial.
“Miles de familias han sido desalojadas sin previo aviso, han recibido indemnizaciones inadecuadas y han sido realojadas, la mayoría de las veces, en asentamientos distantes de su lugar de origen”, dijo Glaucia Marinho, directora ejecutiva de Justicia Global, en entrevista con la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
Marinho también apuntó que en Río de Janeiro, una de las ciudades sedes, se estableció un cerco militar a las zonas más pobres de la ciudad. Una docena de favelas fueron ocupadas militarmente previo a los Juegos.
La asignación del Mundial de 2018 a Rusia encendió la alerta de las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre la situación de las libertades en este país europeo.
En un informe de junio de 2017, Human Rights Watch (HRW) documentó abusos laborales contra trabajadores en las construcciones de los estadios del Mundial de fútbol, incluyendo retrasos en los salarios, condiciones de trabajo inseguras y muerte de los trabajadores.
Hasta abril de 2018, la Asociación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera registró 21 muertes de trabajadores en las sedes del Mundial de fútbol.
Un año antes de la celebración del mundial, la FIFA adoptó una política de Derechos Humanos, comprometiéndose a “ir más allá de su responsabilidad de respetar los derechos humanos” y tomar “medidas para promover la protección de los derechos humanos y contribuir positivamente a su disfrute”.
La política también establecía que, cuando la libertad de los defensores de los derechos humanos (…) esté en riesgo, la FIFA tomará las medidas adecuadas para su protección, incluyendo el uso de su influencia con las autoridades pertinentes”.
Los derechos de la población LGBTQ fueron un punto en el que las organizaciones hicieron énfasis. HRW solicitó a la FIFA hacer presión para que Moscú derogara su ley contra la “propaganda gay”, que, de acuerdo con la organización, viola los requisitos de la FIFA en materia de no discriminación.
La ley prohibía mostrar símbolos gays a menores de 18 años. Un grupo de activistas halló la forma de camuflar la bandera por las calles de Moscú: vestir las camisetas de sus respectivas selecciones de fútbol.
Así, las camisetas de España, Países Bajos, que no participó en este Mundial, Brasil, México, Argentina y Colombia, dispuestas en ese orden, representan los colores de la bandera: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Los activistas visitaron lugares icónicos de la capital rusa, como la Plaza Roja o la Catedral de Cristo Salvador, y también viajaron en metro y estuvieron cerca de agentes de la policía.
El grupo de protesta ruso Pussy Riot reivindicó la breve interrupción ocurrida durante la final de la Copa del Mundo en Moscú. El grupo pedía la liberación de presos políticos, frenar el arresto de manifestantes opositores y acabar con el encarcelamiento de ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales.
La seguridad de los trabajadores que construyeron las sedes de los mundiales de Brasil y Rusia ya fue cuestionada por la muerte de algunos trabajadores. Sin embargo, la magnitud del problema se multiplicó durante la organización de Qatar 2022.
Muchos de los trabajadores que construyeron los estadios fueron contratados por el sistema kafala, o patrocinio. El sistema define la relación entre los trabajadores extranjeros y su patrocinador local, o kafeel, que suele ser su empleador.
Bajo este sistema, el estado otorga permisos de patrocinio a individuos o empresas locales para emplear trabajadores extranjeros. El patrocinador cubre los gastos de viaje y proporciona alojamiento, a menudo en alojamientos tipo dormitorio o, en el caso de los trabajadores domésticos, en la casa del patrocinador.
Estos trabajadores no contaban con protección bajo la ley laboral de Qatar, lo que los dejó vulnerables a la explotación.
“La inmensa mayoría de la población migrante de Qatar tuvo, por ejemplo, que pagar unas tasas de contratación ilegales que, de promedio, fueron de más de 1,300 dólares por persona para conseguir el trabajo, y, antes de 2020, todas estas personas tenían restringida la capacidad de cambiar de empleo y de salir del país”, indica Amnistía Internacional.
