España regularizará a un millón de migrantes para aliviar la presión laboral y fiscal

¿En qué consiste el plan español?

Formalizada en enero mediante el Real Decreto 316/2026, la medida ofrece permisos de residencia y de trabajo de un año a los migrantes en situación irregular presentes en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada y no tener antecedentes penales.

Hasta el 30 de junio, España registró casi 1.2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes bajo el plan lanzado por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, dos tercios de las cuales proceden de personas de Latinoamérica, según cifras difundidas el 2 de julio por el ejecutivo.

Durante el plazo establecido en este proceso extraordinario —que transcurrió entre mediados de abril y el 30 de junio— se presentaron 1,174,978 solicitudes, de las cuales más de 600,000 ya fueron tramitadas, indicó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en una rueda de prensa en Madrid.

Se trata más del doble de la previsión inicial del gobierno, que rondaba las 500,000.

Dos tercios (67%) de los solicitantes son originarios de América Latina y cerca de una cuarta parte de África (22.9%), con un perfil en general relativamente joven (8 de cada 10 tienen menos de 45 años) y mayormente masculino (57%).

Colombia es el país de origen más representado (25.9%), por delante de Marruecos (13.3%), Venezuela (11.8%) y Perú (8.8%).

Las autoridades disponen de tres meses para tramitar las solicitudes y conceder —o no— a estos solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España.

Latinoamérica va en dirección contraria.

Mientras España sigue adelante con la regularización, iniciativas similares que se pusieron en marcha en la región para hacer frente al enorme desplazamiento desde Venezuela que comenzó en 2015 han finalizado o ya no admiten nuevos solicitantes.

Por ejemplo, el gobierno de Chile, encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast, suspendió un decreto de regularización que habría beneficiado a unas 182,000 personas, la mayoría de origen venezolano.

Perú declaró el estado de emergencia fronteriza cuando los venezolanos huían de Chile en respuesta al cambio de poder, lo que puso de manifiesto el efecto dominó de ese cambio de actitud. Ecuador ha seguido una tendencia igualmente restrictiva.

Más beneficios que problemas

El gobierno español considera que la regularización es necesaria y políticamente viable, dada la magnitud de la población en situación irregular, en particular, y de la población de origen extranjero en general.

“La medida no creó una nueva población, sino que reconoció que ya existía una integrada en la economía española, que pagaba alquiler, consumía servicios y trabajaba en condiciones informales que solían perjudicar tanto al Estado como a los trabajadores”, indica el análisis del MPI.

Economistas citados por el MPI señalan, basado en procesos de regularización del pasado, que la regularización podría reportar aproximadamente 2,500 millones de euros al año durante cinco años en concepto de impuesto sobre la renta y cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supone un beneficio fiscal neto directo de unos 4,900 euros anuales por cada migrante regularizado.

De acuerdo con el MPI, los programas latinoamericanos de regularización de la población venezolana en tránsito permitían a los migrantes acceder a los mercados laborales formales y a los servicios básicos y que los beneficios económicos eran mayores allí donde se aplicaban las normativas laborales.

La seguridad, uno de los temas más importantes para los votantes en Latinoamérica, también se puede beneficiar de este tipo de medidas, de acuerdo con la organización.

“Regularizar a los migrantes significa que el gobierno sabe quiénes son, dónde viven y a qué se dedican, lo que contribuye a la seguridad pública”, señala el informe.

Por ejemplo, España exige además a los solicitantes que presenten certificados de antecedentes penales de sus países de residencia anteriores, lo que permite a las autoridades descartar y, potencialmente, expulsar a aquellos solicitantes que pudieran suponer una amenaza para la seguridad.

Una oportunidad para Latinoamérica

La regularización en España puede ser una oportunidad estratégica para los países latinoamericanos, pues a largo plazo, es probable que el país siga necesitando nuevos trabajadores del extranjero.

Uno de cada cinco españoles tenía 65 años o más en 2024, el sistema de pensiones del país se encuentra bajo presión estructural y su población activa requiere una reposición sostenida.

“La regularización de 2026 puede dar un respiro a España, pero es poco probable que resuelva la aritmética demográfica subyacente. Pronto, la pregunta será de dónde vendrá la próxima cohorte”, indica el MPI.

Tras haber regularizado a la población anteriormente en situación irregular y operando ahora bajo un régimen de la UE más estricto, España tendrá todos los incentivos para establecer vías legales de trabajo con los países de origen. Las condiciones para la cooperación son, en otras palabras, más favorables de lo que han sido en años.

Los socios naturales parecen claros. Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Honduras tienen acuerdos activos de migración laboral con España; la contratación en origen existe, pero su alcance sigue siendo limitado.

Para impulsar esta migración laboral, los responsables políticos a ambos lados del Atlántico deberán diseñar la arquitectura que la haga viable y sostenible a mayor escala.

“Probablemente, ello implicaría definir los sectores prioritarios en España con una escasez real de mano de obra, agilizar la certificación de competencias y el reconocimiento de titulaciones de los migrantes, aclarar los parámetros contractuales y las protecciones de los trabajadores, y reducir las trabas administrativas que pueden hacer que las vías de migración irregular resulten más rápidas y baratas que las legales”, de acuerdo con un análisis.