Narcotráfico y minería ilegal sobreviven a la salida de Maduro en Venezuela

Sin embargo, especialistas señalan que los cambios que ha realizado la presidenta interina solo han sido superficiales, pues la raíz del problema se encuentra en el mismo Estado venezolano, infectado por las organizaciones criminales.

El crimen organizado en Venezuela: una red, no una pirámide

El crimen organizado en Venezuela no es una anomalía externa, sino un sistema donde los actores estatales y las redes delictivas cooperan de manera simbiótica para beneficio mutuo, señala un análisis de la organización InSight Crime.

Este modelo fue impulsado inicialmente por Hugo Chávez al permitir que los militares se beneficiaran de las economías criminales, como el narcotráfico y la minería ilegal, y posteriormente fue expandido y sistematizado por Maduro.

Al estar el crimen enquistado en las instituciones del gobierno chavista, la salida del Ejecutivo no desmantela la maquinaria que opera debajo.

“Cartel de los Soles es un término que se aplica a un fenómeno mucho más difuso. Es decir, no es una organización con jerarquía vertical donde Maduro estaba dirigiendo el narcotráfico a Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo”, explica Phil Gunson, analista para el International Crisis Group en entrevista con Expansión.

Las investigaciones demuestran que, en realidad, las organizaciones criminales en Venezuela funcionan como una telaraña con múltiples actores, mercados ilícitos y beneficiarios. Al eliminar un nodo de la red, a Maduro en este caso, otros actores y redes toman su lugar de forma inmediata para mantener el negocio a flote.

Además, algunos actores clave en el entramado entre Estado y crimen continúan en sus puestos. El ejemplo más claro es el de Diosdado Cabello, el poderoso ministro de Interior, que es buscado por Estados Unidos, pero que sigue al frente de labores clave de seguridad.

Las economías ilícitas se mantienen intactas

De acuerdo con el análisis, las bases financieras y operativas que alimentan al Estado híbrido en Venezuela funcionan con normalidad, incluso meses después de la destitución de Maduro.

El tráfico de cocaína continúa, facilitado por la posición geográfica y la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de droga. Las fuerzas militares venezolanas aún mantienen su colaboración con grupos armados colombianos, principalmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para garantizar el flujo de narcóticos.

La minería ilegal de oro, un recurso abundante en Venezuela, está controlada en el sur del país a través de las alianzas estratégicas entre las fuerzas armadas y los sindicatos, bandas criminales que controlan la actividad en el sur del país. Los militares garantizan seguridad a los grupos a cambio de una participación en las ganancias.

Por otra parte, siguen activas las estructuras criminales que controlan las prisiones bajo tolerancia estatal, conocidas como pranatos, y que fueron el origen del Tren de Aragua, una organización denominada como terrorista por el gobierno estadounidense.

Cambios superficiales

Para cumplir con las exigencias de Washington, Rodríguez ha tomado una serie de medidas selectivas, por ejemplo, la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un presunto testaferro de Nicolás Maduro, la realización de operativos en zonas mineras, así como la destitución de más de 12,000 policías por corrupción, muchos de ellos vinculados a casos de extorsión.

Estas purgas carecen de transparencia, son selectivas y no atacan las bases estructurales de la corrupción ni el clima de impunidad generalizado, señala InSight Crime.

No obstante, estas medidas son catalogadas por los analistas como un simple reacomodo de piezas políticas ("reshuffle") y no como un desmantelamiento de la red entre crimen organizado y Estado que funciona en el país.

Cómo combatir al crimen organizado con efectividad

De acuerdo con los analistas, la única solución real sería el desmantelamiento del Estado híbrido. El primer paso sería la depuración y despolitización de las fuerzas de seguridad, un proceso que debe comenzar desde los mandos más altos. Posteriormente, se les debe dotar de mejor entrenamiento y de los recursos necesarios para operar con honestidad y eficacia.

El segundo paso es una reforma total de las instituciones judiciales —desde los tribunales hasta la Fiscalía General— para garantizar un sistema basado en el verdadero estado de derecho, completamente libre de interferencias o manipulación política.

Un tercer paso es generar alternativas económicas reales y empleos formales en las regiones más vulnerables de Venezuela, que reduzcan la dependencia que muchas comunidades tienen actualmente de economías criminales como la minería ilegal o el contrabando.

Este desmontaje del sistema criminal venezolano necesitará de la presión política y diplomática coordinada de la comunidad internacional y de los países vecinos, como Colombia y Ecuador.