México da a cuentagotas información sobre el caso Odebrecht
A 180 días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera que la constructora brasileña Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares (mdd) a funcionarios mexicanos entre 2010 a 2014 a cambio de contratos a su favor, la información oficial para conocer la ruta que siguió el dinero en México ha sido escasa.
De acuerdo con el documento que difundió EU en diciembre del año pasado, el beneficio obtenido por el pago de sobornos para la empresa –que está involucrada en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años— fue de al menos 39 millones de dólares; sin embargo, investigaciones periodísticas revelan que la cifra puede ser superior debido a que en ese periodo se obtuvieron contratos clave en el país, como la modernización de tres refinerías, la construcción del gasoducto Los Ramones II y la licitación para la planta petroquímica Etileno XXI.
Todas estas obras, realizadas en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se habrían dado a la constructora –que es investigada en una docena de países– a través de adjudicaciones directas, con los pagos superiores a los precios de mercado y con plazos ampliados para favorecer a la brasileña, ha señalado en distintos reportes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) .
La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades en el contrato de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, cuyo costo inicial fue de 1,436 millones de pesos, de acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia, pero MCCI advirtió que la brasileña habría obtenido ampliaciones, sin licitación por 4,254 millones, tres veces más del costo inicial.
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Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó en mayo pasado que citó a declarar a 19 funcionarios y exfuncionarios que intervinieron en la adjudicación de cuatro contratos de obra pública con Odebrecht y su filial Braskem, pero no dio más datos al respecto.
El pasado viernes, el diario el El Heraldo dio a conocer los nombres de 14 funcionarios de Pemex que firmaron los contratos —sin que esto los haga responsables de recibir sobornos—, luego de que el 5 de abril, la petrolera difundiera los documentos pero omitiera los nombres de los funcionarios. De acuerdo con el diario entre éstos exfuncionarios se encuentra Miguel Ángel Tame Domínguez, exdirector de Pemex Refinación.
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Lo que se sabe de los contratos
Sólo de la modernización de las tres refinerías y el gasoducto, Odebrecht habría obtenido 2,629 millones de pesos de inversión, mientras que para su proyecto más ambicioso en el país, la planta Etileno XXI, se hizo una inversión de más de 5,000 millones de pesos. En los cinco proyectos, en total se habría hecho una inversión de 7,629 millones de pesos de acuerdo con estimaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la propia información de la empresa.
MCCI documentó que Odebrecht cobró en los últimos 10 años, más de 1,429 millones de dólares en distintos proyectos que tenía como objetivo elevar la producción de combustibles pero que al final no llegaron a la meta; además que para otros contratos la compañía brasileña –al igual que en otros países de Latinoamérica– consiguió incrementar los costos iniciales a través de ampliaciones en el plazo de entrega de la obra.
Como ejemplo, la organización pone el caso de la refinería de Salamanca —donde Odebrecht, en alianza con la empresa texana Fluor Enterprises Inc y la mexicana ICA Fluor Daniel S de RL de CV— invirteron 84.7 millones de dólares. El plazo para concluir las obras se fijó para el 18 de noviembre de 2015, pero de acuerdo con MCCI no se cumplió.
MCCI también reveló que el g obierno de Veracruz recibió a través de una empresa fantasma 3 millones 754,000 dólares durante la administración de Javier Duarte, periodo en el que estaban en curso los proyectos para modernizar la refinería de Minatitlán y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, aprobados en el sexenio de Calderón.
Con información obtenida de la investigación en Brasil, la organización dio a conocer que en 2010 el “departamento de sobornos” de Odebrecht hizo transferencias por 383,000 dólares para la presa Francisco J. Múgica, en Michoacán, proyecto aprobado cuando Lázaro Cárdenas Batel fue gobernador, y que obtuvo un sobrecosto de 95% durante el mandato del perredista Leonel Godoy.
La información oficial
La PGR sólo ha emitido cuatro comunicados sobre el caso en Mexico en los que no abunda en nombres de funcionarios investigados, de presuntos responsables o de sanciones que pudieran alcanzar los involucrados en la aceptación de sobornos, como sí está ocurriendo en otros países, que incluso han llegado a girar órdenes de aprehensión contra expresidentes, como lo es el caso de Alejandro Toledo, en Perú.
El soborno es un delito conocido como cohecho en servidores públicos y que –de acuerdo con la nueva legislación anticorrupción– está catalogado como una falta administrativa grave que se castiga con penas que van de 2 a 14 años de prisión.
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En uno de los comunicados de la PGR, fechado el 16 de febrero de 2017, la dependencia habla sobre el viaje que hizo el procurador Raúl Cervantes a la capital brasileña , para asistir a una reunión de intercambio de información y técnicas relacionadas con las investigaciones que desde 2014, la Fiscalía General de Brasil investiga la red de corrupción de Petrobras, bajo la operación denominada Lava Jato (lavado de autos).
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En entrevista con Expansión, a días de la reunión en Brasil de procuradores, el fiscal brasileño encargado de la cooperación internacional, Vladimir Aras, explicó que su expediente con los sucesos en América Latina, se liberaría el 1 de junio pasado debido a un acuerdo de confidencialidad con Odebrecht. A partir de entonces, éste fue enviado a los países que lo solicitaron, con la petición de 'sigilo' de la información por parte de la Fiscalía de Brasil, pero para acelerar las investigaciones.
L a PGR se comprometió a brindar la más "amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica" en los casos Odebrecht y Lava Jato ; así como promover la constitución de equipos conjuntos de investigación; reforzar mecanismos de cooperación; insistir en la recuperación de activos y en la reparación integral de los daños causados, pero hasta el momento, no se ha informado del avance.
Expansión solicitó vía transparencia a la PGR, a la Función Pública y a Pemex información sobre el caso y la respuesta fue que estaba clasificado como reservado de 1 a 5 años debido a la investigación penal en curso.
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