México tardó un mes en pedir datos de Odebrecht tras revelarse posibles sobornos

El gobierno de México solicitó hasta enero de este año a la Fiscalía General de la República de Brasil información sobre el escándalo de corrupción en el que estarían implicados autoridades y funcionarios mexicanos con el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht.

En entrevista con Expansión, el titular de la Unidad de Cooperación Internacional de la fiscalía brasileña, Vladimir Aras indicó que fue a raíz de la revelación que el gobierno de Estados Unidos hizo sobre los montos que la firma habría repartido a funcionarios de 12 países para beneficiarse con jugosos contratos, que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó un pedido de información.

El pasado diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña pagó unos 10.5 millones de dólares (mdd) en sobornos a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014.

En 2015, cuando Brasil empezó a descubrir que la operación Lava Jato –que investiga el caso de corrupción en Petrobras– era internacional, llegó una primera ola de peticiones de información de países de Europa y unos pocos países de América del Sur, y fue en una segunda ola que tienen exhortos librados por las fiscalías de países de Latinoamérica y uno de África.

"Ahora estamos en una segunda ola de solicitudes de cooperación internacional que está relacionada con las empresas brasileñas involucradas, esquemas de corrupción en otros países con empresas brasileñas que obtuvieron contratos de construcción, refinerías, presas, termoeléctricas, hidroeléctricas de otros países o rutas carreteras y otras cosas así en varios países de Latinoamérica y de África", detalló el fiscal.

Hasta el momento, las autoridades judiciales mexicanas solo han señalado que investigan el caso, lo mismo que los órganos administrativos a través de la Secretaría de la Función Pública, mientras que Pemex ha informado que presentó un denuncia a la PGR y ha indicado que espera información de Estados Unidos, para saber si esta dependencia es la que recibió sobornos.

Recomendamos: Las oscuras ganancias de Odebrecht en México suman 1429 mdd

Más revelaciones en junio

Vladimir Aras indicó que apartir del 1 de junio podría haber más revelaciones, luego de que en esa fecha se cumple el plazo de la cláusula de confidencialidad que se tiene con Odebrecht, y los países ya podrá tener acceso a la investigación y las pruebas que ellos tienen sobre el caso.

“Nosotros teníamos esas informaciones, pero no estaban todavía listas para compartir y todavía no están listas, aún no podemos compartirlas con otras fiscalías por el plazo de confidencialidad previsto en el acuerdo de la unidad con las empresas Odebrecht y Braskem (su filial)”, afirmó Aras.

Además de México, entre los países que han pedido información sobre el caso se encuentran Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela y Reino Unido.

Lee: Rodrigo Janot, el hombre que dobló a Odebrecht

Las redes de Odebrecht en México

De acuerdo con la información publicada por EU, entre 2010 y 2014, Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares a funcionarios del gobierno en México con lo que obtuvo más de 39 millones de dólares de beneficio. Sin embargo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que los negocios –que se habrían dado a través de adjudicaciones directas, sobreprecios y con otras irregularidades– podrían tener una ganancias de 1,429 mdd .

El documento del Departamento de Justicia detalló que en octubre de 2013, la constructora brasileña pagó 4.5 mdd a un “alto funcionario” de una paraestatal mexicana sobornos para obtener un contrato y entre diciembre de 2013 a 2014, Odebrecht hizo otro pago de 6 millones de dólares.

A partir de entonces, la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de vigilar las actividades de los servidores públicos, y Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa que habría dado los contratos, anunciaron que recopilarían información para determinar los hechos.

El pasado 20 de febrero, la SFP anunció que las investigaciones que realizan tanto la PGR –que pidió información en enero y acordó colaboración con fiscales de otros países en una reunión de procuradores en Brasilia– tardarían meses en realizarse.

Ve: La investigación del caso Odebrecht podría llevar meses

La constructora brasileña obtuvo contratos clave en las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto en el periodo en el que se habrían dado los sobornos, entre los que destacan la licitación del proyecto Los Ramones Fase II Norte, la Refinería de Tula, Hidalgo, y la de Salamanca, en Guanajuato.

MCCI informó que estos negocios se habrían dado a través de adjudicaciones directas, pagos superiores a los precios del mercado y con otras irregularidades para favorecer a la compañía

null

El pacto entre procuradores

En febrero pasado, once procuradores de países relacionados en el caso se reunieron en Brasilia para reforzar la cooperación jurídica internacional, auxiliar a los países interesados y obtener pruebas para dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales contra la constructora.

Lee: México suscribe acuerdo internacional para investigar caso Odebrecht

En esa reunión, señaló el fiscal brasileño Aras, se firmó una declaración para perfeccionar y profundizar la cooperación entre los países.

“La idea es que tengamos mejores condiciones de trabajar juntos, formar equipo conjunto de investigación para que la investigación en cada uno de los países sea más rápida, eficiente, efectiva y que tengamos mejores resultados para la idea de justicia criminal”, dijo en entrevista.

Aseguró que las autoridades brasileñas tienen una investigación extensa de casi tres años que podría interesar a fiscales de otros países, por lo que considera que las indagaciones que se lleven en otras naciones también serán importantes para que en Brasil sepan lo que pasó con las empresas brasileñas y sus relaciones ilícitas con funcionarios públicas y autoridades públicas de otros países.