El futuro de la Fiscalía General y de su titular, en manos del Congreso

Con la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República (PGR), el subprocurador Alberto Elías Beltrán quedó como encargado de despacho en lo que se nombra al nuevo responsable de la procuración de justicia en el país. Sin embargo, según lo advierten autoridades y activistas, ese proceso no será rápido ni sencillo.

La salida de Cervantes se da en medio de la discusión pública sobre qué diseño debe tener la futura Fiscalía General de la República (FGR) —la instancia que debe sustituir a la PGR, de acuerdo con lo que mandata la reforma político-electoral de 2014—, así como sobre cuál debe ser el mecanismo para definir a quien será su titular.

En 2014, el Congreso determinó que la PGR se convierta en FGR cuando esté lista su ley general, y que quien en ese momento sea procurador asuma como el primer fiscal general por un periodo de nueve años.

Tal escenario, conocido como "pase automático", ha generado polémica y un debate tanto sobre cuál debe ser el perfil del titular de la FGR como acerca de qué estructura debe tener la institución.

Para organizaciones civiles, es imprescindible hacer cambios a este apartado de la reforma político-electoral antes de que los legisladores aprueben la ley general de la FGR —ya avalada en la Cámara de Diputados, pero 'atorada' en el Senado—, pues si la norma avanza y entra en vigor tal como está la futura fiscalía no será plenamente independiente del gobierno en la investigación de posibles delitos.

En ese contexto, algunos legisladores de oposición han condicionado la discusión hasta que se elimine el llamado "pase automático", argumentando estar en contra de que Cervantes se convirtiera en fiscal, postura que el ahora exprocuador reprochó este lunes.

Actualmente, el futuro de la PGR, de su transición a FGR y de la elección de su primer titular está en manos del Congreso, al que las organizaciones y especialistas piden realizar una discusión de fondo en torno a este tema, así como contemplar alternativas como que el fiscal sea propuesto por un comité externo. Otra posibilidad es que, mientras transcurre el debate, el presidente Enrique Peña Nieto proponga a un sustituto de Cervantes, mismo que de cualquier modo tendría que ser ratificado por el Senado.

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Hasta después de las elecciones

Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás —conformados por más de 100 organizaciones— señalaron este lunes que, con la renuncia de Cervantes, se abre la puerta a una discusión de Estado y no sólo de gobierno sobre el futuro de la FGR.

"Ha llegado el momento de una discusión abierta a la sociedad, y junto con la sociedad, que permita crear una fiscalía autónoma, eficaz e independiente. La decisión está ahora en manos del Congreso", expusieron en un comunicado.

Sin embargo, el Ejecutivo federal no prevé que esto ocurra pronto. El presidente Peña Nieto consideró que podría ser hasta después de las elecciones del próximo año que se toquen estos asuntos, debido "al clima de gran polarización y efervescencia política".

"Si no hay condiciones para definir a alguien que tenga el perfil idóneo para ese desempeño (el de ser fiscal), para esa responsabilidad, creo que difícilmente estaremos en condiciones, creo yo, el Senado —a quien corresponde esta decisión— creo que no tendrá condiciones para definir un fiscal, y a la mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de julio, del próximo año, para que entonces se decante un poco la efervescencia", dijo el mandatario este lunes en el Foro Impulsando a México.

La 'herencia' de Cervantes

Con su renuncia, Cervantes deja tarea para quien llegue a ocupar su lugar, sea como nuevo procurador o ya como el primer fiscal general de la República.

En el discurso que dio ante senadores al despedirse del cargo, dijo que la FGR fue pensada como una institución autónoma, que se dedique con eficacia e imparcialidad a perseguir delitos y deje de ser la representante legal del Ejecutivo federal.

Dicho esquema —agregó— incluye que la institución vigile la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y de la reforma en materia de derechos humanos.

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Cervantes también aseguró que ya desde su gestión se han llevado a cabo cambios institucionales para mejorar la procuración de justicia, y que ha habido investigaciones y procesos contra funcionarios que se sentían intocables, como los exgobernadores detenidos por presuntos actos de corrupción. Además, sostuvo que se avanzó en el caso Odebrecht, una trama que abarca todo el continente americano y en la cual hay funcionarios mexicanos involucrados en la recepción de sobornos por parte de la constructora brasileña.

"La procuraduría ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto", dijo en su mensaje, previo a anunciar que pronto se harán imputaciones al respecto.

Sin embargo, Cervantes también dejó casos inconclusos, algunos de los cuales ya estaban desde que llegó a la PGR en octubre de 2016. Entre ellos están el caso Ayotzinapa, sobre los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero en 2014; el caso Nochixtlán, en el que civiles murieron durante un operativo de la Policía Federal en Oaxaca; la presunta ejecución extrajudicial cometida por militares en Tlatlaya, Estado de México, y otras posibles violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas federales en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán.

Incluso, los propios casos de exgobernadores acusados de corrupción permanecen abiertos. Así ocurre con Javier Duarte, de Veracruz, quien actualmente está detenido en una prisión de la capital y vinculado a proceso; con Roberto Borge, de Quintana Roo, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, quienes están en espera de ser extraditados, y con César Duarte, de Chihuahua, quien se encuentra prófugo de la justicia.