La población carcelaria en México cae desde récord del 2014

La población carcelaria de México ha disminuido en un quinto desde un pico que alcanzó en el 2014, en momentos en que menos personas están siendo encerradas bajo un nuevo sistema de justicia penal, y los expertos dicen que los casos se están desmoronando luego que se reforzaron los estándares de evidencia.

El número de personas encarceladas cayó un 19.8% desde el récord de 258,563 en septiembre del 2014, según las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), lo que significa que, técnicamente, por primera vez en más de 20 años, hay más camas que reclusos en México.

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La caída en la población carcelaria ha coincidido con un aumento en los asesinatos a niveles récord. Los políticos han vinculado el aumento del crimen a la reforma del 2008, respaldada por Estados Unidos e introducida para modernizar el opaco y lento sistema judicial de México.

La reforma fue adoptada por muchos estados en el 2014 y entró en vigencia a partir de mediados del 2016.

Los datos muestran que menos personas han estado ingresando a prisión. Incluso, los expertos en justicia que apoyan la reforma dicen que la policía y los fiscales están luchando para crear casos sólidos debido a la falta de capacitación en el nuevo sistema en todo el país.

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"Tuvieron ocho años para hacer las transformaciones y no lo hicieron", dijo María Novoa, experta en justicia penal del grupo México Evalúa. "No tenemos ni las instituciones ni mucho menos los operadores preparados para ellas".

Más temor

Novoa dijo que la policía no detiene a personas porque teme cometer errores y ser considerados responsables. También dijo que los fiscales están abusando de una regla que permite a los sospechosos enfrentar el proceso penal en libertad en lugar de tratar de pedirle a un juez que los detenga.

En 2016, un 37% menos de personas ingresaron a las prisiones estatales que el año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y, contrario a lo que sostiene la retórica política, también se liberaron menos, según muestran los datos.

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Ni la Procuraduría General de la República, o fiscalía general, ni la Policía Federal respondieron una solicitud de comentarios de Reuters.

La reforma del 2008 movió a México a un sistema de justicia adversarial con juicios orales.

Y, cuando finalmente entró en vigencia en junio del 2016, otorgó a la policía una mayor responsabilidad y elevó el estándar probatorio que los fiscales deben alcanzar para obtener una condena.

También limitó la detención preventiva, poniendo fin a una práctica en la que se encerraba a personas durante años sin juicio.

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En 2017, por primera vez en más de 20 años, el país tiene espacio suficiente para todos los presos. Pero su distribución desigual en todo el país y una cantidad de reclusos federales en las instalaciones estatales significa que las cárceles en al menos 13 estados todavía están rebasadas.

La ONG local Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), estimó el año pasado que la reforma demoraría 11 años en establecerse apropiadamente, debido a la falta de capacitación de la policía en investigaciones de alta calidad.

"Siempre se dijo que para que funcionara el nuevo sistema había que capacitar, pero hubo muchas resistencias y falta de interés de los gobiernos estatales", dijo Vicente Sánchez, profesor del prestigioso Colegio de la Frontera Norte (Colef).

"Ahora los gobernadores y fiscales culpan al nuevo sistema y quieren echarlo para atrás", agregó.