Un fallo de la Corte arrojará luz sobre irregularidades cometidas por ejecutivos

La Suprema Corte de Justicia de México ha asestado un duro golpe a quienes quisieran enterrar noticias sobre presuntas irregularidades cometidas por ejecutivos y otras personas sancionadas por infringir las leyes de valores, un paso hacia una mayor transparencia en el mundo corporativo.

Durante años, los acusados de violar las leyes de valores y bancarias pudieron esconderse detrás de prolongadas apelaciones durante las cuales se prohibió a los reguladores comentar sobre los cargos y a los inversionistas se les dejó en la oscuridad sobre delitos como el uso de información privilegiada.

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Pero en una decisión poco publicitada en febrero, la Suprema Corte respaldó nuevas facultades otorgadas al regulador bancario y de valores, la CNBV, en 2014 para identificar a los infractores.

En el primer caso en su tipo en llegar al tribunal supremo, los jueces desecharon una petición del exdirector general de la constructora mexicana ICA para anular la noticia de una amonestación en 2016 por no alertar a los inversionistas sobre información clave con suficiente antelación.

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El fallo de la Corte da una ventaja a la CNBV en batallas legales en curso con empresas y ejecutivos que están utilizando medidas cautelares para mantener en secreto las sanciones, dijo Pedro Torres, un experto legal en el centro de estudios Tecnológico de Monterrey.

"Es un logro de la autoridad de sentar un precedente de transparencia en los mercados de valores", dijo Torres. "Ya la regla está clara, ya se dieron cuenta de que si van a la Corte lo van a perder en esquemas similares", añadió.

México ha quedado rezagado respecto a otras economías latinoamericanas importantes como Brasil, Chile, Colombia y Perú en la lucha contra la corrupción y mejorar la transparencia del mercado, dijo Will Landers, director gerente de BlackRock Inc en Princeton, Nueva Jersey.

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"Se necesitan mejoras para que México alcance a otros mercados latinoamericanos y aumente la confianza de los inversionistas", dijo Landers. "Cualquier movimiento para deshacerse del favoritismo y dar más seguridad a los inversores será bienvenido por los mercados", añadió.

El exjefe de ICA fue uno de por lo menos 13 ejecutivos y empresas que presentaron peticiones de órdenes mordaza similares, argumentando que la nueva ley violaba sus derechos, según funcionarios, documentos judiciales y la base de datos de la CNBV.

El regulador perdió cinco de esas mociones pero ganó ocho de ellas.

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Anteriormente, los reguladores tenían prohibido publicar o incluso comentar las sanciones hasta que se hubieran agotado todas las opciones legales, un proceso que puede tomar años.

En respuesta a preguntas de Reuters, la CNBV dijo que el fallo de la Suprema Corte sentó un precedente general que ratificó la facultad del regulador de publicar sanciones relacionadas tanto con violaciones a las leyes de valores como a las leyes bancarias.

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Las repercusiones pueden ir más allá de la mera exhibición pública. En marzo, por ejemplo, cuando el conglomerado Alfa anunció la renuncia de su director de Finanzas citó una multa de la CNBV por uso de información privilegiada.

Prueba al marco legal

Durante un tiempo, ICA fue la mayor constructora del país con obras como parte del Metro de la Ciudad de México y más de 15 aeropuertos. Pero la fuerte depreciación del peso a finales de 2014 y menos proyectos gubernamentales la dejaron luchando por pagar deuda denominada en dólares.

El precio de las acciones de ICA colapsó en 2015 y se vio forzada a salir de la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) en 2016 antes de declararse en concurso mercantil en agosto pasado.

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El ex presidente de ICA Alonso Quintana fue amonestado por la CNBV el 8 de julio de 2016 por no informar a los inversionistas que las acciones de la empresa estaban en peligro de ser retiradas del NYSE, según documentos judiciales.

La compañía fue multada ese mismo día por casi 2.2 millones de pesos (117,000 dólares) por no revelar información, según mostró la base de datos pública de la CNBV, aunque no estaba claro si se trataba de la misma violación.

ICA todavía no había pagado la multa, según la base de datos de la CNBV. La compañía dijo en una declaración que un tribunal declaró nula la sanción, pero que el regulador apeló y que el procedimiento no se ha resuelto en definitiva. La empresa declinó responder más preguntas de Reuters.

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Quintana, nieto del fundador de ICA que tomó el timón de la compañía en el 2012 y renunció en febrero de 2016, declinó hacer comentarios para esta nota.

Quintana luchó en la corte durante dos años para impedir que la CNBV revelara su amonestación. Al igual que otros ejecutivos y empresas, argumentó que permitir que el regulador divulgara las sanciones afectaría injustamente su reputación mientras luchaban por anular los cargos en los tribunales.

Sin embargo, la Suprema Corte dictaminó que la CNBV tiene el derecho constitucional de publicar datos limitados sobre las sanciones, incluso si proceden las apelaciones, y que el derecho del público a saber pesa más que los daños potenciales a la reputación de un litigante.

Mauricio Basila, un exfuncionario de alto nivel de la CNBV que ahora ejerce en la práctica privada, dijo que el caso mostró que la élite de México, que controla a muchas empresas que cotizan en bolsa local, temía la "mancha" en su reputación en caso de una multa.

"Es muy importante que estos casos se vean porque ponen a prueba nuestro marco legal, dijo Basila.