OPINIÓN: Logros históricos y desilusiones en el cuarto año de Peña Nieto

Nota del editor: Marcelo Delajara es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

(Expansión)— Los pendientes en México son tantos que cualquier lista de logros de un gobierno es corta en comparación. Sin embargo, ya que como sociedad hemos decidido movernos muy despacio hacia el desarrollo y el estado de derecho plenos, cada gobierno merece evaluarse también por contribuir a perpetuar nuestros males.

En el presente periodo de gobierno solo pudimos eliminar dos pendientes de la lista: la inacción de todos los poderes del Estado ante la corrupción y el subsidio implícito a la compra de gasolina que el gobierno federal otorgaba a las clases más ricas del país. De este último logro, el gobierno federal tiene total autoría; pero el primero es mérito del activismo de las organizaciones civiles. El presidente mismo habría de sumarse después, hay que decirlo, pero no sin ciertas dudas.

La Iniciativa Ciudadana Ley 3de3 tuvo gran éxito en la búsqueda de la aprobación de una bien diseñada Ley General de Responsabilidades Administrativas para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En apenas medio año la sociedad mexicana logró lo impensable: si las instituciones responsables de la aplicación de la ley actúan con decencia, la toman en serio y la hacen cumplir, el SNA puede ser un parteaguas en la relación entre el Estado mexicano y los ciudadanos. Ello llevará a una asignación de recursos más eficiente y más justa en todos niveles de esta relación.

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Las implicaciones para la confianza, la seguridad, la movilidad social, la productividad y el crecimiento económico serán enormes, dado el grado de corrupción que impera actualmente. Que el activismo de las organizaciones de la sociedad civil haya logrado torcer el brazo de los poderes reales y fácticos y sacar adelante estas leyes, es un triunfo para la sociedad mexicana que no se debe menospreciar. Todo lo contrario, muestra que el futuro es moldeable y que si nos lo proponemos, lo podemos cambiar. Quienes en algún momento quisieron bloquear esta iniciativa deberían sentir vergüenza de no haberse puesto del lado de la sociedad cuando ésta mostró la valiente decisión de poner las bases para terminar con esta lacra.

Ahora bien, un reclamo de largo aliento, especialmente en al ámbito académico y en las organizaciones de la sociedad civil, había sido el corregir la ineficiencia y la inequidad en el IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) de gasolinas y diésel. Hasta 2013, el IEPS había tenido un resultado neto negativo; es decir, la recaudación del impuesto no compensaba la pérdida del Estado al vender la gasolina por debajo del precio internacional. Ello implicaba un subsidio implícito a los consumidores, cuya parte más importante se concentra en los deciles altos (VIII, IX y X) del ingreso. Subsidiar el consumo de un producto contaminante y para el uso de los más ricos era ineficiente e inequitativo a toda luz.

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A partir de 2014, la situación cambió. El precio internacional de la gasolina cayó por debajo del nacional y el subsidio regresivo se transformó en impuesto verde y progresivo. Así, en 2014, 2015 y 2016 la contribución del IEPS fue positiva por primera vez (representó el 4, 15 y 15% del ingreso tributario total, respectivamente). Y la participación del IEPS de gasolinas y diésel sobre el IEPS total se ubicó en casi 65% en promedio en los dos últimos años.

Pero se trataba de una situación temporal: la recuperación de los precios del petróleo eliminaría eventualmente esta mejora. Entonces vino la decisión transcendental de transformar la buena suerte (para el gobierno federal) en algo permanente. Se decidió que el IEPS de gasolina y diésel serían una suma fija y que ésta se aplicaría adicionalmente al precio internacional para determinar el precio nacional. Con esto, el gobierno federal se asegura la permanencia en el tiempo de un impuesto verde progresivo en momentos en los que los ingresos petroleros van a la baja y que Pemex parece comenzar a comportarse como una verdadera empresa (con excepción del delicado tema de las pensiones que se discutirá más adelante).

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Recordemos que estos cambios ocurrieron en un año en el que los indicadores económicos de coyuntura, en general, empeoraron. El ritmo de crecimiento del PIB se desaceleró entre 2015 y 2016. En el mercado laboral hubo una mejoría tan ligera que apenas se nota (no obstante es de celebrar que el desempleo ya esté por debajo del 4% por primera vez después de la crisis global de 2008-2009). Tal vez en términos de política macroeconómica, lo más destacable fue la reacción oportuna y bien sincronizada entre Banco de México y la SHCP para detener el ataque especulativo contra el peso.

Dicha reacción incluyó un cambio de estrategia del Banco en relación a su intervención en el mercado cambiario y el inicio de una serie de recortes del gasto del gobierno federal. Lo anterior junto con transferencias del remanente de operación del Banco de México a Hacienda para alcanzar los objetivos de déficit fiscal en 2017. Pero como no hay nada perfecto, muchos de los recortes los sufrieron las áreas de salud, particularmente la infantil, la educación y las que regulan los mercados de alimentos. La ineficiencia y los privilegios del sector público no sufrieron daño alguno. Es un falso dilema que la estabilidad macroeconómica se deba lograr reduciendo el gasto social.

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De nuevo, este año los astros no nos fueron favorables en lo que respecta a la aplicación de la ley y el respeto a los derechos en muchos ámbitos de la vida nacional. Lo “derechos monopólicos de los insiders” siguen intactos. Que al final no se tocaran las pensiones de privilegio en Pemex y que la reforma educativa peligre son claros síntomas de ello. Hay aún quienes deliberadamente fomentan la confusión entre la población acerca de la distinción entre derechos humanos, derechos civiles y los de propiedad, con el fin lograr beneficios privados.

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Ni Pemex ni el magisterio disidente han sido un factor de cambio y progreso para el país: por el contrario, la relación que han entablado con el Estado, basada en el intercambio de apoyos políticos y recursos por privilegios e impunidad es sin duda una barrera para el desarrollo del país. En los dos periodos de gobierno que le quedan a la actual administración, revertir esta situación debe volverse prioridad.

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