OPINIÓN: El Paso Exprés. Una tragedia evitable y mal manejada

Nota del editor: Carlos Viesca Lobatón es fundador y director de RINTERS y docente en la Maestría de Administración de Empresas Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente (UMA). Tiene 10 años de experiencia en la consultoría de negocios con enfoque en la sustentabilidad y la responsabilidad corporativa trabajando tanto con multinacionales, como con pymes y emprendedores. Su cuenta de Twitter es @CAVILO_ . Las opiniones expresadas en este artículo son de responsabilidad del autor.

(Expansión) — Más del 90% de las empresas mexicanas, cuando mucho, limitan su responsabilidad corporativa a acciones altruistas. Sin embargo, hay dos aspectos de la responsabilidad corporativa que prácticamente ninguna empresa en México considera: la gestión de riesgos y el manejo de crisis reputacionales.

Desde esta perspectiva, la tragedia ocurrida en el Paso Exprés de Cuernavaca no solo debió evitarse. Además, una vez ocurrida, debió manejarse de manera radicalmente distinta. Dos personas murieron por una falla estructural en una obra carretera simple, con un grado de complejidad ingenieríl discreto.

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El argumento de, una de las constructoras, es que el colapos se debió a “la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias. La alcantarilla y drenaje cruzan a más de 15 metros de profundidad por debajo de la autopista y no formaron parte de los trabajos realizados para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca. El drenaje se colapsó por el exceso de agua y provocó la grieta en la carpeta asfáltica”.

Análisis de riesgos

Esas supuestas causas no tienen nada de extraordinario. Intensas lluvias siempre ha habido y, producto del cambio climático, en el futuro podrían ser mucho mayores y menos predecibles. La acumulación de basura en drenajes y alcantarillas es un problema endémico de la infraestructura pluvial y carretera de México. Ante algo tan cotidiano para el país:

• ¿Por qué no hicieron una valoración de riesgos geológicos?
• ¿Por qué en las especificaciones técnicas no previeron un escenario de precipitación dos o tres veces mayor al máximo histórico como lo hacen todas las obras civiles que lidian con esto?
• ¿Aun cuando la alcantarilla no era parte de la obra, por qué no revisaron su diseño, condiciones actuales y nivel de riesgo para la obra del Paso Exprés?

Todo tendría respuesta si Grupo Aldesa y EPCCOR hubieran realizado un diagnóstico de riesgos rutinario gracias a los avances tecnológicos, las posibilidades de la ciencia y la acumulación de experiencias y conocimiento en ingeniería civil en México. El caso es que pudieron saber; tenían todo para saber pero por alguna razón no supieron.

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Manejo de crisis reputacionales

Hay una premisa en la responsabilidad corporativa que muy pocas empresas entienden: No es posible evitar el 100% de situaciones que deriven en una crisis reputacional. Por eso, además de trabajar con los estándares éticos más exigentes, toda empresa debe contar con un protocolo de atención de crisis y control de daños.

En cambio, ¿qué es lo que sabemos?:

• Que las constructoras acabaron cobrando el doble de lo presupuestado originalmente por el Paso Exprés y que ambas empresas tienen contratos por varios miles de millones de pesos con el gobierno mexicano.
• Que la Auditoría Superior de la Federación está revisando las cuentas de la obra .
• Que al parecer tuvieron una de las calificaciones más bajas en la licitación de la obra y que ganaron porque su presupuesto era de los más bajos (mismo que incumplieron).
• Que una obra que duraría 40 años (¿por qué solo 40 años?) tuvo un desperfecto a los tres meses de inaugurada que costó la vida de dos personas.
• Que prácticamente la enorme mayoría de los contratos de obra pública que se generan en México presentan irregularidades.
• Que las áreas donde mayor corrupción hay en México es en la asignación de obra pública.

Ante todo esto, EPCCOR brilla por su ausencia y Grupo Aldesa sale apresuradamente a decir que el accidente no fue su culpa. Aunque así fuera, cuando hay una desproporción tan enorme entre los beneficios de las empresas (ganancias por miles de millones de pesos) contra los costos de los afectados (el desgarramiento de una familia por la muerte de dos de sus miembros), más allá de lo que las “responsabilidades legales” pudieran indicar, lo que EPCCOR y Grupo Aldesa debieron hacer es lo siguiente:

1. Salir inmediatamente a decir que están conscientes de lo sucedido y que harán todo lo necesario para determinar las causas de la tragedia y fincar las responsabilidades que resulten.
2. Hablar de las víctimas por su nombre (Juan Mena López y Juan Mena Romero) y comprometerse a atender a sus familiares en todo lo que necesiten.
3. Hacerse cargo de los gastos de los familiares de las víctimas y brindarles apoyo médico y psicológico y ofrecerles una indemnización digna.
4. Comprometerse a hacer una revisión del resto de la obra, junto con expertos independientes, para detectar cualquier riesgo y tomar medidas.
5. Una vez concluidos los peritajes, comunicar de manera suficiente y transparente cuáles fueron los resultados del mismo, qué responsabilidades son imputables a la empresa, qué acciones correctivas o sancionatorias tomará y qué medidas implementará para que esto no vuelva a suceder.

Esto es lo que una empresa responsable hubiera hecho. No obstante, en la página corporativa de EPCCOR solo hay una frase respecto al cuidado del medio ambiente. Por su parte, Grupo Aldesa tiene un reporte de responsabilidad de cuatro años de antigüedad (2013) en donde no se menciona en ningún momento prevención de riesgos (excepto laborales), corrupción, reparación de daños, etc.

Lo grave es que la mayoría de las empresas constructoras en México tienen un nivel de ambición comparable en materia de responsabilidad corporativa. Carecen de salvaguardas aceptables para la protección de derechos humanos; no cuentan con sistemas anticorrupción acordes con el nivel de riesgo del país; tienen lineamientos muy pobres en materia de transparencia y rendición de cuentas y no hacen públicas sus política de reparación de daños y manejo de crisis reputacionales.

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