OPINIÓN: El banco de los sobornos
Nota del editor: Raúl Olmos es periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2009 y el Premio Alemán de Periodismo en 2014 y 2017. Colabora con periodistas de 11 países de América Latina y África en la red ‘Investiga Lava Jato’, que busca esclarecer el gigantesco caso de corrupción surgido en Brasil. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.
(Expansión) — En la frontera imaginaria de agua donde acaba el mar Caribe e inicia la inmensidad del Océano Atlántico, está una isla diminuta que durante un lustro ocultó los secretos de cientos de políticos latinoamericanos. Aquella ínsula es literalmente un paraíso, con 365 playas de arena blanca y aguas turquesas, una para cada día del año. Pero también es un paraíso para lavadores de dinero, evasores de impuestos… y grandes corruptores, como Odebrecht.
Desde Antigua -la isla de nuestra historia- salió dinero para financiar campañas electorales en distintos países del continente y para pagar dádivas a funcionarios que les garantizaban contratos multimillonarios de obras públicas. La oficina de sobornos de la constructora brasileña tenía su base de operaciones financieras en Saint John’s, un poblado de apenas 25,000 habitantes, capital de esa isla tan pequeña que su superficie es incluso menor a la de la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. En aquel remoto sitio de las Antillas, intermediarios de Odebrecht compraron, a finales de 2010, el Meinl Bank Antigua Limited, una pequeña sucursal de un banco de Austria. Apenas se hicieron de la mayoría accionaria, la convirtieron en un emblema de la corrupción empresarial: el banco de los sobornos.
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Los pagos ilícitos a políticos de al menos 12 países de América Latina y África se hacían a través de 71 cuentas abiertas en el Meinl Bank de Antigua a nombre de una veintena de empresas ‘fantasma’ creadas por operadores financieros de Odebrecht. El dinero se transfería a bancos en Europa, a favor de otras compañías ‘fachada’ en las que estaban ocultos los funcionarios, o sus prestanombres, como los beneficiarios finales (ultimate beneficial owner o UBO, en el lenguaje de la industria offshore). Toda esta maniobra está documentada en expedientes obtenidos por la red latinoamericana de periodismo ‘Investiga Lava Jato’ , en la que participa la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Gracias a esos expedientes es que hoy podemos conocer que desde el Meinl Bank de Antigua se hicieron giros millonarios para pagar sobornos por la obra de remodelación de la refinería de Tula, en Hidalgo, y de ahí salieron 3 millones 150,000 dólares que en plena campaña electoral de 2012 fueron a dar a una cuenta que exdirectivos de Odebrecht –hoy delatores ante la justicia brasileña- atribuyen al entonces coordinador de vinculación internacional del candidato presidencial Enrique Peña; también desde Antigua se transfirieron fondos a una empresa fantasma en Veracruz ligada a Javier Duarte.
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Los pagos de la estructura de sobornos de Odebrecht a cuentas vinculadas con México habían iniciado a mediados de 2009, pero a través del banco Credicorp de Panamá, según consta en los documentos obtenidos por MCCI. Las transferencias eran desde la cuenta 4010177279 de la empresa offshore Constructora Internacional del Sur. Entre junio de 2009 y octubre de 2010 se enviaron por esa vía 5 millones 187,000 dólares.
Los envíos por medio del Credicorp se suspendieron cuando Odebrecht adquirió el Meinl Bank en Antigua; entonces el dinero empezó a fluir de esta segunda institución, desde cuentas de tres compañías ‘de papel’ controladas por la oficina de sobornos: Innovation Research Engineering and Development, Kleinfeld Services y Grangemouth Trading Company, las dos primeras afincadas en Antigua y la tercera en Escocia. En conjunto, las tres emitieron 18 órdenes de pago por 10 millones de dólares a cuentas ligadas con nuestro país entre 2010 y 2014. Ese dinero fue a dar a bancos de Mónaco, Liechtenstein, Suiza, Estados Unidos y México. El dinero transitó por distintos bancos y empresas offshore, como un mecanismo de diluir su origen turbio y, sobre todo, para dificultar la identidad de los beneficiarios finales.
Al sumar los pagos efectuados entre 2009 y 2014, la cifra alcanza los 15 millones de dólares, una cantidad superior a los 10 millones de dólares que los exdirectivos de la constructora brasileña confesaron ante autoridades de Estados Unidos y Brasil. Es decir, los delatores solo han ofrecido un asomo al verdadero tamaño del caso Odebrecht en México. Los montos de sobornos son mayores e implican a más funcionarios y entidades de gobierno.
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Está demostrado que las operaciones vinculadas con México involucran a por lo menos 12 países de América y Europa. Para aproximarse a la dimensión real de esta maraña criminal, la Procuraduría General de la República está obligada a realizar una investigación trasnacional, con pedidos de colaboración de sus pares en el extranjero. Así lo hicieron Brasil y Perú, con resultados contundentes.
Seguir la ruta del dinero llevó a las más altas esferas del poder y propició la caída de presidentes . En México, la pesquisa ha avanzado lenta y los castigos solo han alcanzado a funcionarios menores, con multas e inhabilitaciones. La impunidad parece imponerse. Todavía es tiempo de evitarlo.
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