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OPINIÓN: El laberinto legal de Donald Trump

La investigación de Mueller ha cumplido con incrementar la seguridad electoral y que en principio las personas que han cometido dichos delitos no queden impunes, opina Roberto Izurieta.

Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Alvaro Colom of Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español.

(CNN Español) - En este artículo tratemos de ordenar todos los hechos sobre esta trama o drama de las distintas investigaciones que afectan a Donald Trump. Sobre todo, las diversas conclusiones que existen hasta el momento de la investigación sobre la interferencia rusa y demás presuntas irregularidades de la elección presidencial de Donald Trump.

Robert Mueller está a cargo de esta indagación. Es un gran investigador y hombre de enorme credibilidad en los círculos políticos y de opinión de los Estados Unidos. Su credibilidad y sus distintos nombramientos han venido de ambos partidos políticos (lo cual es cada día más difícil encontrar).

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Hasta ahora, la investigación de Mueller ha enjuiciado a más 36 personas sobre la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016.

Eso tuvo importantes consecuencias. Una de ellas es que la elección del mes pasado tuvo menos denuncias de interferencia y se ha calificado como segura. Es decir, la investigación de Mueller ha cumplido ya sus dos primeros objetivos: que haya más seguridad electoral y que las personas que han cometido dichos delitos no queden impunes. Muchas de ellas están en el proceso legal de declararse culpables o inocentes (lo que es menos probable) conforme al debido proceso legal. Y otras ya han sido procesadas.

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Eso tuvo importantes consecuencias. Una de ellas es que la elección del mes pasado tuvo menos denuncias de interferencia y se ha calificado como segura. Es decir, la investigación de Mueller ha cumplido ya con varios de sus objetivos: el incrementar la seguridad electoral y que en principio las personas que han cometido dichos delitos no queden impunes.

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Estas investigaciones tienen ramificaciones políticas muy graves porque algunos personajes del círculo de la campaña de Donald Trump se han declarado ya culpables o han sido formalmente acusados. Los más notorios son, su exjefe de campaña Paul Manafort y su asesor de seguridad nacional Michael Flynn, además de Rick Gates y George Papadopoulos (otros asesores de campaña). Su abogado privado Michael Cohen ya fue sentenciado a tres años de cárcel.

Cohen ha declarado a Mueller que él ha actuado con el consentimiento de Donald Trump para el pago de las dos mujeres: la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Mueller en su último reporte afirma que tiene forma de probar esta declaración de Cohen. No parece existir dudas de esto, claramente, se violaron leyes electorales y que el debate político y judicial continuaría aún pese a que el presidente Trump ha insistido que los pagos a estas personas no fueron contribuciones a las campañas.

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La respuesta de Trump fue afirmar que toda campaña presidencial ha tenido infracciones electorales (en general 150,000 dólares) y la de Obama fue la más alta por el momento de 300,000 dólares. La sanción por estas infracciones fueron multas. Esto no comparación por parte del mandatario de Estados Unidos es falsa, por decir lo menos, la multa a Obama tuvo que ver con la omisión al dar a conocer las identidades de los contribuyentes a su campaña de grandes sumas en las últimas semanas.

La determinación del Supremo electoral fue que aún cuando la campaña no informó oportunamente, Obama no estaba al tanto de dicha infracción. Al contrario, la evidencia sugiere que hubo negligencia en los mandos bajos de la campaña por eta violación técnica.

Sin embargo, la única infracción o delito comparable de la que confiesa Cohen, es la del excandidato John Edwards. En este caso alguien en su nombre (al igual que Cohen), pagó por mantener en secreto una relación privada extramatrimonial durante su campaña presidencial.

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A Edwards no se le pudo encontrar culpable porque la persona que debía testificar murió y la segunda ya tenía alrededor de 100 años y ya no era idónea para hacerlo. Edwards se retiró de la política inmediatamente cuando estalló el escándalo.

El caso de Donald Trump es distinto. El testigo está bien vivo y cooperando con la investigación de Mueller. Si se confirman las acusaciones estaríamos frente a un delito que muy probablemente superaría la pena de una multa, ya se confirmó la prisión para Cohen, habría ver que ver lo que ocurre con el ciudadano #1 (como lo describe Mueller en sus escritos).

Paul Manafort (su exgerente de campaña) ya está preso. Tiene varios juicios y acusaciones en distintas cortes. Manafort cooperó con la investigación (y también ha violado dicha cooperación), por lo que probablemente seguirá preso mucho tiempo más. Políticamente, la acusación más relevante del caso Manafort son sus relaciones con personas muy cercanas al Kremlin (negocios, lobby y denuncias de haberse asociado con transgresores rusos).

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Una de las violaciones a su acuerdo de cooperación es haber mantenido comunicación (en busca de coordinación) con la Casa Blanca. De probarse este delito, también muy probablemente, no se resolverá con una multa, sino con prisión.

Por último, está la famosa reunión en el Trump Tower durante la campaña (y los textos previos sobre todo de Donald Trump Jr.) con personas extranjeras (rusas) en busca de hacer daño a la campaña de Hillary Clinton. Aquí se buscará las infracciones, los participantes, los que conocían y aprobaron dicha y reunión, los delitos y sus respectivas responsabilidades, sean estas civiles y/o penales.

Todo este enredo nos permite afirmar que la situación política de Donald Trump es al decir lo menos, preocupante. Sobre todo, si ahora, no será solo Mueller y algunas otras cortes en Estados Unidos, sino también el nuevo Congreso que avanzará en la búsqueda de conexiones, cooperaciones, infracciones, delitos y penas de Donald Trump.

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Aquí queremos aclarar dos temas que ayudarán a navegar estos hechos.

Primero, no todo delito tiene la misma pena. Hay infracciones a la ley que se resuelven con multas y delitos penales cuya condena es la cárcel. De darse cualquiera de los dos, habrá un debate jurídico y político de cuando dicha pena puede o debe aplicarse.

Algunos creen que el Congreso deberá iniciar el proceso de destitución a Trump. Este proceso se debe iniciar en la Cámara Baja que en realidad resuelve sobre si se hubiere cometido un delito o no, pero es el Senado el que pide o niega la orden de destitución de un presidente para que afronte dichos cargos. De negarse, las consecuencias legales del delito (o los delitos), sean civiles o penales, podrán resolverse una vez que el presidente deje su mandato.

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Más allá de esto hay algunos niveles de análisis en toda situación que se ha cometido cualquier hecho indebido. Existen normas morales que son un tema de la conducta personal. A las infracciones morales las juzga la ciudadanía, en especial cuando vota. Hay infracciones éticas que son juzgadas por círculos particulares de ciudadanos o entidades como los partidos políticos ,hay juicios políticos que se resuelven por el Congreso. Existen por último normas penales que aplica la justicia, pero en el caso de un presidente, requieren de un pronunciamiento del Senado.

Mientras esto sucede, Donald Trump niega los hechos y afirma que todo es un complot en su contra. Parece seguir la máxima de Cervantina, aquella que decía “niega Sancho y vuelve a negar, que si no tienes razón, tendrás razones”.

Falta poco para conocer el reporte final de la investigación de Robert Mueller, la que está a pocos meses de completarse. Cuando esto suceda, la trama y el drama podrán aclararse, las responsabilidades conocerse y las negativas dejar de ser razones.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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