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OPINIÓN: Una propuesta para los que hacemos propuestas

En la actualidad, el margen de maniobra fiscal es estrecho y los niveles actuales de deuda pública implican aún menos opciones para estabilizar la economía ante una crisis, opina Luis Mauricio Torres.

Nota del editor: Luis Mauricio Torres Alcocer es Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Síguelos en su página y redes sociales: Twitter y Facebook . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(Expansión) – La narrativa de la administración pública cambió. La lógica política es la guía de acción del nuevo Gobierno federal y su prioridad se ha convertido en consolidar el poder . La legitimidad ante el electorado es su principal activo y también el motor de decisiones populares pero a veces irresponsables.

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Como resultado de este cambio en el paisaje de ideas y motivaciones queda claro que la eficiencia y la estabilidad como guías del quehacer público pasarán a un segundo término. Ahora los símbolos son más importantes que los resultados. Para analistas y practicantes acostumbrados al rigor de la tecnocracia, esto representa un reto enorme.

Los planes de cancelar el nuevo aeropuerto, de reducir los ingresos de todo el aparato gubernamental, así como la construcción de refinerías y el Tren Maya nos hicieron correr furiosamente a nuestros escritorios. Ya instalados detrás de nuestras computadoras tomamos las calculadoras para ponerle números al tamaño de los errores que se cometerían de llevarse a cabo esas decisiones. También desempolvamos leyes, reglamentos y normas para evidenciar que la manera en la que se plantea implementar estas propuestas no se encuentra alineada a las buenas prácticas que exige el marco legal actual.

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Una ola de críticas constructivas, y otras no tanto, han derivado de este ejercicio colectivo de análisis económicos y legales. El proceso para ensamblar evidencia y señalar errores debe continuar, sin embargo, también es momento de reconocer que si la eficiencia ya no es un aspecto central en la toma de decisiones del Gobierno, entonces el análisis técnico tendrá poca influencia. Lamentablemente, ni todas las columnas, tuits y documentos de trabajo que señalan los riesgos de estas decisiones han logrado disuadir las determinaciones de legisladores y del Poder Ejecutivo.

Por fortuna, la realidad está poniendo a prueba las propuestas del Gobierno actual. Algunos ejemplos son la confrontación con los tenedores de bonos del nuevo aeropuerto, sin contar los efectos en el presupuesto para 2019; la denuncia que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó sobre las afectaciones ambientales derivadas de la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y que ya fue aceptada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); o la suspensión de la Suprema Corte de Justicia a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por Morena. Los primeros años de esta Administración serán de aprendizaje y de encontrarse con la realidad.

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Si la falta de incidencia desde la crítica tecnócrata continúa, y si las reacciones desde los mercados financieros, los litigios ambientales estratégicos, así como los contrapesos dentro de la estructura de poder prueban ser efectivos, entonces tendremos que replantear la manera en que el análisis de política pública impactará la toma de decisiones.

Primero

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Todas nuestras críticas fundamentadas con evidencia tendrán que venir acompañadas con propuestas alternativas que solucionen el problema discutido. Por ejemplo, en el tema de la consulta sobre el Tren Maya hubo críticas al método, a la vulneración de las instituciones de participación directa, a sus implicaciones ambientales y a la viabilidad financiera, pero no vimos muchas alternativas a la consulta en sí misma.

Una posibilidad es empujar una agenda de gobernanza colectiva: un esfuerzo desde la sociedad civil para sentar en la misma mesa a miembros del Gobierno, comunidades, organizaciones interesadas en temas ambientales, consultores y potenciales inversionistas que revisen la viabilidad del proyecto. Si la legitimidad es el nuevo motor de las decisiones, entonces empujar una iniciativa como esta pudo tener más eco que atacar la idea desde un ángulo de eficiencia económica.

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Segundo

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Dentro de los objetivos del nuevo Gobierno habrá algunos que sean compatibles con las propuestas de política pública desde el análisis económico y legal independiente. Es necesario impulsar temas estratégicos que, aunque no sean prioritarios, sean fáciles de cuadrar con las expectativas de la llamada cuarta transformación.

Esta tarea será difícil, ya que los objetivos del Ejecutivo (motivados principalmente por una lógica política y la concentración de poder) no se parecen a los de analistas o miembros de la sociedad civil. Sin embargo, hay ciertas propuestas que podrían encajar bien en la nueva narrativa. Proteger a pequeñas y medianas empresas de prácticas de extorsión y regulación excesiva, sobre todo en el medio local, puede ser un punto de encuentro.

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Tercero

Es posible que las nuevas propuestas de política pública desde la tecnocracia tengan que estar encaminadas más a la contención de amenazas que a la mejora continua. Tradicionalmente, las propuestas emanan como respuesta a un diagnóstico de cosas que se hacen mal en el Gobierno. Tal vez ahora los analistas tendremos que desarrollar más propuestas para adelantarnos a amenazas externas (pero también para aquellas que sean resultado de las malas decisiones).

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Desde hoy, el trabajo de economistas independientes debería estar centrado en la manera de preparar a la política fiscal y monetaria para enfrentarnos en los próximos años a una potencial crisis económica, ya sea que se genere de manera interna o por contagio internacional.

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En la actualidad, el margen de maniobra fiscal es estrecho y los niveles actuales de deuda pública implican aún menos opciones para estabilizar la economía ante una crisis. Todo esto se ve vulnerado también por las expectativas de mantener un superávit, no elevar impuestos y no contratar más deuda. Esa es un área de oportunidad para asesorar al Gobierno sobre temas críticos que están por venir.

El análisis independiente tiene la responsabilidad de criticar las malas decisiones, pero también de pensar estratégicamente la manera en que puede incidir en las decisiones de Gobierno para el bien de México. Ante un cambio de narrativa en el poder, debemos adaptar la manera en que pensamos, argumentamos, comunicamos y proponemos. Como consultores de la sociedad mexicana debemos tener claro que lo importante no es la crítica y la confrontación en sí misma, sino la propuesta y la búsqueda de terrenos comunes.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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