OPINIÓN: La polémica con las calificadoras
Nota del editor: Jorge Sánchez Tello es director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros-FUNDEF A.C. Centro de Investigación independiente con sede en el ITAM. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.
(Expansión) - Las Agencias Calificadoras de Riesgo aparecen en la industria ferroviaria de los Estados Unidos, en la década de 1860. Henry Poor, habiéndose percatado de la necesidad de informar a potenciales inversionistas acerca del riesgo de suspensión de pagos, a la hora de invertir en una empresa.
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Posteriormente, en 1909, John Moody entabla un proceso similar con las emisiones de deuda, o sea de forma exclusiva en la industria ferroviaria. Pocos años después, en 1913, John Fitch funda la empresa Fitch Publishing Company, publica estadísticas financieras para los inversionistas y eventualmente idea la escala de calificaciones desde AAA hasta D, que actualmente constituye un estándar en la industria de calificación de riesgos.
La misión de las calificadoras de riesgo consiste básicamente en evaluar la deuda que emiten países, compañías o instituciones financieras, y darles una calificación según la certeza de que cumplan esos compromisos.
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Las tres principales agencias calificadoras que existen en el mundo son Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. La polémica en torno de las calificadoras está lejos de ser nueva, pero algunos políticos creen que llegó la hora de actuar y regularlas o ponerles límites. Sin embargo, cumplen con un papel fundamental en el mercado financiero y sería un error llegar al extremo de prohibirlas.
La calificación de riesgo, como un proceso profesional y técnico, se hace en ciertos supuestos que establece la ley. Dentro del Mercado de Valores se utiliza como un mecanismo para proteger a los Inversionistas. De esta manera, antes de efectuar cualquier operación en donde intervengan valores, estos pueden medir el grado de riesgo, la proyección de réditos que desean obtener y las consecuencias a corto o largo plazo que dichas inversiones les puedan generar.
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La clasificación de riesgo consiste fundamentalmente en emitir una opinión respecto del riesgo de solvencia o no de pago asociado a los distintos instrumentos financieros de oferta pública que sean emitidos en una determinada jurisdicción. Asimismo, esta clasificación debe servir de nexo entre los inversionistas institucionales y los emisores de títulos.
Recientemente las calificadoras han aumentado el riesgo en México porque existen políticas económicas del gobierno del presidente López Obrador que están generando incertidumbre para la inversión. La falta de un plan de negocios viable que permita a Pemex salir de la quiebra técnica, ha puesto en la mira de las calificadoras el riesgo que representa para las finanzas públicas si el nuevo gobierno no actúa de forma responsable.
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Si bien es cierto que las calificadoras perdieron algo de credibilidad a partir de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, las calificadoras ahora son acusadas de lo contrario: exceso de severidad. No se deben menospreciar las calificaciones que hacen las calificadoras para el caso de México porque todos sabemos el desastre que es Pemex y que no hay un plan hasta la fecha verdaderamente técnico que permita a dicha empresa salir a flote de la “quiebra técnica” que tiene.
No hay que jugar con las finanzas y menos con las del país, se deben tomar con seriedad todos los avisos que se hacen.
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