Retos para los estados y municipios en la 4T (Parte II)

Sin embargo, dentro de este último rubro se aloja el Ramo 23 que consolida recursos que la Federación otorga a los Estados, donde no necesariamente se refería a proyectos concretos y en donde en ciertos subprogramas como el de Fortalecimiento Financiero se fondeaba el pago de necesidades o problemáticas específicos, como recursos para el cierre de las administraciones, pasivos por pensiones y/o nómina educativa de sistemas estatales.

A partir de la llegada de la nueva administración, se presupuestó una reducción de aproximadamente 30% en el Ramo 23, pues se eliminan este tipo de subprogramas, lo que ha provocado que los subnacionales estén reajustando actualmente de una manera muy importante sus presupuestos para enfrentar una falta de liquidez al cierre del año y lleven a cabo reconducciones presupuestales para pagar estas obligaciones. El efecto directo será, muy probablemente, créditos de corto plazo, aumento de pasivo circulante y redistribución seguramente del gasto de inversión a gasto corriente.

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Pero este fenómeno va más allá, ya que no sólo el Ramo 23 se está viendo afectado, sino también los convenios de las dependencias federales, que se han visto a la baja. Y no es tanto que se esté invirtiendo menos en los estados sino, más bien, que regresamos al tiempo en que los presupuestos se ejercen desde la federación, privilegiando las necesidades que ésta elija.

Esto da como resultado que, por lo menos en 2019, exista una contracción en las economías internas de los estados y municipios, un menor margen de maniobra y una posible situación complicada para entidades que tienen un componente importante dentro de su hacienda pública como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán y Chihuahua.

En términos generales, si bien se aprecia un panorama complicado para estados y municipios mexicanos, también hay oportunidades para adaptarse a esta nueva realidad. De las revisiones que llevamos hasta el momento, la mayor parte de las entidades han estado muy ocupadas en tratar de absorber estos efectos durante los primeros dos trimestres, algunos de ellos han tenido que implementar cambios en sus tasas de impuestos y derechos (aún con el costo político que esto conlleva) e incluso algunos de ellos están en proceso de implementación de nuevos impuestos, como Zacatecas con impuestos ecológicos.

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Para concluir, creemos que, si bien los efectos finales dependerán de la flexibilidad financiera de cada una de las entidades, 2019 será definitivamente un año que absorberá de manera parcial la nueva manera de hacer las cosas en esta administración.

Los retos más importantes se presentarán en 2020 y 2021 cuando probablemente veamos más efectos macroeconómicos en el sector, derivado de esta menor actividad económica a nivel nacional, con efectos en una menor recaudación federal participable y, por ende, en menores participaciones federales (principal componente de ingresos de estados y municipios), así como por los efectos del cambio de rumbo en ciertos proyectos estratégicos derivados de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las Zonas Económicas Especiales, sobre lo cual comentaré más adelante.

Nota del editor: Ricardo Gallegos, Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana en HR Ratings.

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