Como muy pocas naciones, todavía gozamos de un bono demográfico relevante que está por terminar y con un sureste rico en recursos naturales que ha vivido en el atraso durante al menos cinco décadas, que además cuenta con la longitud ideal para una nueva vía de transporte y logística -el anunciado canal interoceánico-, codiciada internacionalmente desde la época del presidente Benito Juárez.
Son proyectos enormes que la iniciativa privada hará bien en no dejar pasar, pero que obliga de la misma manera al gobierno federal a producir los incentivos y las condiciones que den certidumbre a inversión que puede trascender uno o hasta dos sexenios más.
Y ahí, en el terreno en donde se mezcla la economía con la política, está el riesgo. Durante muchos sexenios, las y los empresarios del país encontraron una manera de dialogar con el poder político, a pesar de que las bases del entendimiento siempre fueron desventajosas para garantizar reglas claras, simples, y un Estado de Derecho que procurara justicia para todos.
Ahora, como si de aprender un nuevo idioma se tratara, quienes invierten en México están comprendiendo los objetivos de un nuevo gobierno, el cual tiene planes sin precedente para la infraestructura, el desarrollo social y la redistribución de la riqueza, que por el bien de todos (valga la expresión) sean positivos para todos nosotros.
Nota del editor: Líder de la sociedad civil y empresario. Durante ocho años encabezó el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y presidió la Red Nacional de Consejos Ciudadanos A.C. Es miembro numerario de la Legión de Honor Nacional de México. Cuenta con cuatro doctorados Honoris Causa por su trayectoria como líder de la sociedad civil en México. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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