En el sexenio lopezobradorista hasta ahora no se ve que la inversión vaya a ser el motor del crecimiento, por el contrario, han centrado la atención en estimular el consumo a través de la política fiscal para financiar programas sociales y transferencias monetarias. El gran problema con ello es que el impulso al consumo no es sostenible porque se basa en recursos limitados y depende en gran medida del crecimiento de la economía.
La evidencia muestra que un crecimiento basado en el consumo es únicamente transitorio y no genera capacidad productiva como lo hace la inversión; por el contrario, ante una economía con limitada capacidad la presión en el consumo tiende a acomodarse en precios e importaciones, generando con ello distorsiones macroeconómicas.
En ese sentido, el gran reto para la administración lopezobradorista está en que sin crecimiento económico suficiente, los programas sociales no son sostenibles y corren el riesgo de llevar al país a un desequilibrio fiscal acelerado, consecuentemente elevando la vulnerabilidad de la economía frente a choques internos y externos.
La solución está en que la administración debe aceptar que la inversión privada es necesaria, y esta no se volcará hacia el país mientras no se restaure la confianza y se den garantias de respeto a los derechos y contratos y se dé una aplicación efectiva de la ley, sin privilegios ni beneficios para grupos ligados al gobierno.
Es cierto que ya se ha anunciado un Plan Nacional de Infraestructura para los siguientes cinco años, pero las inversiones solo representan alrededor de 3% del PIB, menos de 1% por año, y solo participa un grupo reducido de grandes empresas. Además, dichos recursos solo llegarán a reponer aquellas inversiones perdidas, con lo cual su impacto en la expansión de la capacidad productiva será limitado.
