Pobreza y desigualdad, una tarea pendiente del crecimiento económico

Indudablemente el Estado tiene una responsabilidad de subsidiariedad con quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por ello se debe partir del hecho de que todos tenemos un ámbito de responsabilidades, por las cuales podemos y debemos hacernos cargo.

Así, la ayuda es necesaria solo cuando por alguna circunstancia extraordinaria no se puede cumplir con ellas, por lo tanto, no solo debe de pensarse en distribuir un mínimo de bienes, sino también debe haber un mínimo de responsabilidades a cumplir por quienes son beneficiarios de algún programa social.

De no ser así se dará lugar a nefastas consecuencias, una de ellas puede ser la gran dependencia de los ciudadanos del “papá Estado”. Cuando el Estado abarca más de lo que le es propio y en ello penetra en el campo propiamente privado, coarta la iniciativa y la responsabilidad personal.

La profunda inequidad social guarda una estrecha correspondencia con el desarrollo desigual de las distintas actividades económicas. Sea cual sea la perspectiva o los criterios que se adopten, las diferencias que se aprecian en los distintos sectores que conforman el esquema productivo nacional son enormes e incluso parecen haber crecido con el tiempo.

Dentro del conjunto de actividades productivas, el sector de servicios financieros y de seguros creció 7.1%, cifra muy diferente al observado en sectores como la minería y la construcción, que tuvieron tasas de crecimiento de -7.6% y -2.7%.

Para México, el 20 % más rico de los hogares mexicanos gana 10 veces más que el 20 % más pobre, esto nos ubica al doble que el promedio de países de la OCDE y en América Latina sólo por debajo de Brasil.

Alcanzar mayores niveles de bienestar requiere de un crecimiento económico dinámico capaz de generar tendencias distributivas favorables en todos los sectores de la economía, de lo contrario por muy acertada que sea la política social, esta no podrá corregir los patrones adversos.

La estructuración de la política social debe de apoyarse en tres pilares fundamentales:

1.- Programas de largo plazo enfocados a incrementar la equidad y garantizar la inclusión; en donde las métricas para su evaluación permitan visualizar el impacto en el bienestar de la población.

2.- Crecimiento económico estable, capaz de generar volúmenes adecuados de empleo bien remunerado y un ecosistema que promueva el crecimiento y la innovación para las pequeñas empresas.

3.- Reducir las brechas productivas entre los distintos sectores de la economía; vinculando la modernización de las industrias lideres con aquellas que no lo son y así se apoya no solo el crecimiento económico sino también la equidad del sector empresarial.

Se requieren políticas destinadas a democratizar el acceso a los activos productivos en una economía de mercado eficaz con una intervención óptima del Estado.

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En el 2019, la inversión física del sector público cayó más del 4.9%, por lo que es ineludible canalizar más recursos públicos a la inversión que al gasto corriente.

Se requieren esquemas de producción eficiente, salarios justos, desarrollo tecnológico e innovación, el acceso al crédito y la formación de talento humano de alto nivel.

En el escenario internacional, México requiere diversificar la oferta exportable, dejando de concentrarla en el sector primario, extractivo y de bajo grado de sofisticación, hacia una oferta de productos de alto valor, capaz de integrarse en las cadenas globales de valor (CGV) e impulsar un mayor crecimiento de la productividad.

Hasta hoy el crecimiento económico en México ha sido insuficiente y ha retrasado la reducción de la pobreza y de la desigualdad del ingreso; esto implica que los niveles de pobreza y pobreza extrema posiblemente aumenten.

Los retos más urgentes son el fortalecimiento institucional en términos de modernizar los servicios públicos, la seguridad ciudadana, la justicia y la cooperación internacional; también el impulso a la productividad, que incluye la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y el empleo, el desarrollo de infraestructura y las inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

Finalmente, el impulso de políticas sociales capaces de promover la inclusión, la cohesión social, la equidad, la calidad de la educación y el acceso a servicios de salud dignos.

El rezago que hoy se observa en la disponibilidad de bienes para el desarrollo social de numerosos sectores de la población hace que los extremos de riqueza y pobreza que en el país prevalecen sean inusitados, visibles y amenacen no sólo el crecimiento mismo de la economía, sino también su posibilidad de combinar, como hasta la fecha, el crecimiento con la justicia social.

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es director de Spark UP y académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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