A pesar de que el acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano fundamental, aproximadamente el 40 % de la población mundial sufre por la escasez de este líquido . De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 alrededor de 8 millones de mexicanos no contaban con acceso directo a agua potable dentro de sus viviendas, la mayoría de estas ubicadas en zonas rurales o marginadas.
Por ello, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU es que para 2030 se logre garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua, así como el acceso a servicios de saneamiento e higiene para todos.
Además del acceso limitado al agua y a los servicios, existen otros problemas importantes en el sector hídrico, como la limitada capacidad de monitoreo del agua, el alto porcentaje de agua desperdiciada por fugas y la mala calidad de los cuerpos de agua gracias al poco o nulo tratamiento que reciben las aguas residuales.
La tarea no es solo incorporar a cada vez más personas a la red de agua potable, sino también mejorar la calidad del servicio que hoy se presta. Esto se vincula con la necesidad de contar con organismos urbanos operadores de agua eficientes y sostenibles.
En México, estos organismos se encargan de operar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de cada municipio. Las tarifas, derechos y subsidios son sus principales fuentes de financiamiento, y con ellos se debe lograr proporcionar un servicio de calidad y generar fondos suficientes para mejorar la infraestructura hídrica. Sin embargo, presentan debilidades que no permiten que se realice una operación eficiente.