Habrá que reconocer que la situación financiera del estado presentaba ya serios retos por resolver desde hace varios años; esto lo podemos visualizar a través del comportamiento de sus calificaciones en los últimos años. En 2014, el estado estaba calificado en niveles de HR AA-, la cual era una de las calificaciones dentro de los rangos altos, sin embargo, ya para 2016 había disminuido 2 niveles quedando en HR A; en 2017 pierde un notch adicional, quedando en HR A-. Para el año siguiente, pierde otro nivel para ubicarse dentro del rango de HR BBB+ y, finalmente, durante 2019, el último año de la pasada administración, logran que se ratifique la calificación, pero con perspectiva negativa.
¿Qué es lo que ha determinado estas constantes bajas en la calificación del estado? Básicamente, ha sido un efecto multifactorial; por un lado, el Estado de Baja California ha tenido un importante nivel de crecimiento de deuda directa, que en 2014 rondaba en poco más de los 7,751 millones de pesos (mdp), mientras que para el cierre de 2019 se estimaba en más de 13,300 mdp. Lo anterior enmarcado con déficits en su balance financiero prácticamente en todo este periodo de tiempo.
En los últimos años, el estado ha enfrentado muchas de las presiones de gasto a través de la contratación de créditos de corto plazo; de hecho, uno de los retos más importantes que tuvo que sortearse al final de la administración pasada fue el cómo dejar pagadas estas obligaciones cuando en 2019, prácticamente se eliminó el ramo 23, situación que provocó que se dejara de cubrir otro tipo de erogaciones como inversión pública, pago al magisterio y, en general, se sufrió una contracción importante de todo el aparato gubernamental, incluidas las trasferencias a organismos descentralizados.
El contexto actual obliga a que el estado seguramente ya esté reconsiderando cómo realizar una planeación presupuestal hacia el cierre de la administración que ahora será en 2021. Hay varios frentes sobre los cuales ahora con este horizonte de tiempo sólo alcanzará a manejar y en su caso minimizar, pero que definitivamente forzará a tomar importantes decisiones de política pública.
Actualmente, el estado está en proceso de la reestructuración de su deuda, con lo cual podrá tener ciertos ahorros por concepto de sobretasa y periodo de amortización; sin embargo, el tema más preocupante en términos de deuda será la parte de corto plazo en 2021, porque vivirá la misma presión por dejar pagadas sus obligaciones 3 meses antes de concluir la administración, las cuales para cerrar ese mismo boquete durante el mismo 2019, volvió a pedir prácticamente 3,000 mdp. Para hacer esto posible, la reconducción presupuestal que tendrá que hacer el estado prácticamente deberá tocar todos y cada uno de los capítulos de Gasto.
