Estamos frente a una crisis económica sin precedentes. Es tal que México tiene la mayor caída del PIB desde 1932 y las expectativas en lugar de mejorar están empeorando sobre el futuro del país, sobre todo porque hay una gran incertidumbre para poder invertir. Sin embargo, van a surgir voces que recomienden aumentar los impuestos y dada la circunstancia que vive el país tal vez no sea lo mejor, es preferible tener con los impuestos actuales una mejor recaudación y un gasto público más eficiente.
La literatura económica apunta a que una estructura tributaria más pesada desincentiva el ahorro, la inversión y el trabajo. Existe un consenso relativamente amplio entre los economistas en el hecho de que las tasas de impuesto corporativo más altas tienden a reducir la inversión y el stock de capital de largo plazo.
La transición democrática que experimentó México en el 2000 y en el 2012 no ha servido para que las autoridades cambien de hábitos en el gasto público, error que podría pagar la población con más impuestos. El costo por mantener las diversas burocracias de los tres niveles de gobierno se incrementó considerablemente, esto sin tomar en cuenta que durante estos años las transferencias a los Estados y municipios se incrementaron considerablemente, además de que se despilfarraron los excedentes petroleros.
Una reforma hacendaria mal hecha puede representar una mayor carga fiscal para las empresas, ya que entre la disminución de deducciones, la eliminación de algunas exenciones y homologación de impuestos, el ISR superaría la tasa de 40%.
Las decisiones de inversión por parte de los agentes privados pueden ser afectadas y con ello el empleo y la recaudación fiscal misma.
