(Expansión) – El sector energético en México necesita entrar en un proceso de replanteamiento y redefinición estructural, pero bien organizado.
Urge replantear las necesidades de todos los actores y escuchar lo que ellos tienen que aportar, lejos de las pasiones políticas.
Se debe entender, en conjunto y sin dogmas, lo mucho que se puede lograr en beneficio de la soberanía energética, si se implementa el concepto del Bien Común.
El Bien Común significa, de forma resumida, todo aquello que importa a la sociedad plural y en su generalidad.
El Bien Común en el sector energético no son las políticas públicas sectoriales, ni las creencias de la Secretaría de Energía.
El Bien Común en el sector energético no es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no es Petróleos Mexicanos (Pemex), no lo son las empresas privadas participantes, ni los proyectos amparados por contratos. Son todos.
Dada su importancia, el Bien Común –que no es ajeno ni nuevo en el vocabulario político global, pero generalmente está mal usado para fines del Estado–, tiene que entenderse de una forma multidisciplinaria para evitar que se vulnere su reconocimiento y protección.
El reto es hacer que las empresas estatales vuelvan a convertirse en el eje sectorial deseado y que ello sea analizado desde una perspectiva económica, legal, actual, real, operativa, financiera y de eficiencia, para tener recursos para justicia distributiva.
Precisamente sobre todo lo anterior está basado mi investigación documentada desde el 2007.
Hoy, como nunca antes, el concepto de Bien Común ha cobrado relevancia en el quehacer sectorial y político energético de México, pero debemos ser muy cuidadosos.
El Bien Común no es lo que el pueblo opina, ni mucho menos lo que los políticos creen –por muy legítimos y democráticos que éstos que sean–, el bien común tampoco es repartir la riqueza producida por unos para dársela dadivosamente a los menos favorecidos, ni es supeditar el papel del Estado a las fuerzas económicas.
Lo primero no es justicia distributiva, y lo segundo no es normal.
El Bien Común es totalmente ajeno a cualquier teoría política y concepto económico, sus raíces no son ni de derecha ni de izquierda y, por lo mismo, es dúctil y flexible.
La soberanía energética pudiera vulnerar a las instituciones de México llamadas certeza jurídica, viabilidad financiera, estado de Derecho, confianza y transparencia, lo cual afecta a muchos otros sectores.
De lograrse dicha soberanía, habrá que tener cuidado de que el costo económico no sea por supuesto catastrófico, pues de serlo, impactará directamente en los racionales económicos que sustentan al Bien Común.
Lo primero es entender que este concepto no sólo implica hacer un análisis de una nueva forma de plantear problemas de políticas públicas, sino de instrumentar los mecanismos que dicha investigación propone para medir y modificar, en consecuencia, el impacto que dichas políticas tienen una vez implementadas.
En segundo lugar, es necesario integrar el concepto en propuestas concretas que otorguen valor social a los proyectos de energía, bajo el marco jurídico vigente.
Tercero, se tienen que medir y proteger los beneficios a la generalidad y, una vez alcanzados, es necesario blindar los proyectos emanados de esas políticas comunales contra corrupción, decisiones caprichosas, políticas dogmáticas e intereses, sean de quien sean.
Del lado público, si existiesen racionales de seguimiento claros que incluyan la medición tangible de un concepto hasta hoy etéreo, el Estado podría ajustar sus propias políticas –sin tener que desperdiciar su capital político–, a efecto de que se instrumenten los cambios necesarios, pero sin demoler las condiciones con los cuales los países atraen inversiones.
Al atraer capitales, el Estado se fortalece al hacer eficiente el uso de sus inmensos pero limitados recursos públicos. Esto no es ajeno a los conceptos de una verdadera justicia distributiva y eficiencia económica, elementos del Bien Común.
Del lado privado, se lograría que las inversiones tengan un impacto real y tangible en comunidades, y que se logre un equilibrio entre las funciones primordiales del Estado y las capacidades financieras de las inversiones.
Creer que el Estado lo puede todo y satanizar a las capacidades de inversión de la iniciativa privada, vulnera el Bien Común al distraer recursos del Estado que la comunidad requiere en otros sectores como salud, educación, infraestructura y seguridad pública.
Reconozcamos que se requiere un replanteamiento sectorial para evitar la fuga de capitales que contamina ya a otros sectores, con la consecuente pérdida de oportunidades, pago de impuestos y empleos.
De hacerlo, será por el verdadero bienestar de la comunidad, siempre que exista un concepto implementado de justicia distributiva real, pues no se puede repartir con justicia lo que no se tiene, ¿o sí?
Nota del editor: Claudio Rodríguez-Galán es Socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Está clasificado como un “Abogado Líder en Energía”, mexicano y global, por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who Legal. Claudio tiene más de 16 años ininterrumpidos ejerciendo el Derecho Energético. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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