(Expansión) – En resumen, no sabemos a ciencia cierta cuál es el futuro del sector eléctrico mexicano.
Analizando el tema, tenemos certeza de algunos aspectos torales, pero de otros, solo se puede especular.
Lo que sí sabemos es que el principio de “soberanía energética” es el eje rector del sexenio 2018-2024, como expresamente ha quedado plasmado no solo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino también en el Programa Sectorial de Energía.
Lo anterior implica otorgar un papel preponderante a las empresas productivas del Estado. No entraré más al tema por ser, ya, de dominio público y de amplia difusión.
Lo que también sabemos es que son tres los autores de todo lo que sucede en el sector energético: el Presidente de la República, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la secretaria de Energía, en ese orden.
Dentro de esa obviedad, queda al descubierto también el nulo rol y la inexistente voz, participación, decisión y autonomía que ahora sufren, tanto el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En la última semana hemos conocido resoluciones expeditas a proyectos, autorizaciones, permisos y licencias, a favor de las empresas productivas del Estado, y desatención y silencio administrativo doloso a los proyectos, autorizaciones, permisos y licencias de gran parte de los proyectos privados.
Dicho silencio administrativo está fundado en la ideología, en la inexistente autonomía de los órganos reguladores, y en la absoluta falta de fundamentación legal, pues no se ha reformado ni un ápice de la reforma energética de 2013, sea a nivel constitucional, federal o reglamentaria.
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Por supuesto que tenemos a la Política de Confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía, el aumento de hasta 800% en los costos de transmisión para proyectos legados, y otras joyas administrativas que han sido revertidas por el Poder Judicial Federal, mediante la admisión de decenas de amparos y sus correspondientes suspensiones provisionales y suspensiones definitivas.
También hemos conocido la cancelación de proyectos que habían sido previamente licitados por la CFE, –incluyendo las líneas de corriente directa– y que ahora serán financiados por un Fideicomiso Maestro de reciente confección, el cual será utilizado tanto para la construcción de nueva infraestructura, como para “adquisiciones estratégicas”.
Existen ciertos rumores de “expropiaciones”. Ello con independencia a la compra de millones de pesos en carbón para la generación de energía, y el más reciente ataque dogmático e ideológico a los proyectos eoloeléctricos en La Rumorosa, en Baja California Sur.
Eso es lo que tenemos. Si colocamos todo lo anterior en una licuadora, tenemos las siguientes conclusiones preliminares:
- El estado de derecho sectorial pareciera que es solo para las empresas productivas del Estado.
- No existen racionales legales para el silencio administrativo y la afectación de inversiones, que no sean documentos de carga dogmática e ideológica innegable.
- Los tratados comerciales de los que México es parte, incluyendo el pomposo T-MEC que entró en vigor el 1 de julio del 2020, son instrumentos con rango de ley suprema de la Nación (Artículo 133 constitucional) contrarios a los dos puntos previos.
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- Su denuncia –hablando bajo la ley de tratados–, sería catastrófica para México.
- Hasta la fecha, se ha respetado la división de poderes y los amparos contra políticas y lineamientos impresentables, y se han sostenido y se han obtenido sendas suspensiones definitivas.
- La contaminación de lo que ocurre en el sector energético ha contagiado y seguirá contagiando a otros sectores económicos e industriales, lo cual implica ya pérdida de inversiones y empleos en México.
- Hablando de contaminación, México ya se encuentra violando tratados internacionales creados para la disminución de gases de efecto invernadero.
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- Si hubo corrupción, como abogado pido se demuestre, se compruebe, se ataque, se sancione y se cancele. Lo que hemos visto los últimos meses (empezando con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) es que ese proceso se entiende a la inversa en este gobierno, es decir, se cancela, se ataca y, si les da tiempo, lo comprueban y lo demuestran. Miles de empleos y billones de dólares en inversiones se han afectado por ese actuar.
- Expropiaciones en el sector, directas o simuladas, serían vistas por todos los sectores económicos como el último escalón para degradar hasta el sótano las ya lastimadas calificaciones a México, y una mayor fuga de capitales.
El hartazgo de ciertas empresas es notorio, pero su resiliencia, apoyo y cariño a México, así como su interés en crecer junto con los mexicanos, es mucho más fuerte que la indolencia iletrada e ideológica.
Las empresas sectoriales han operado en México durante décadas, y seguirán haciéndolo aún después del 2024, cuando la carga dogmática e ideológica habrá ya terminado o, por lo menos, se habrá moderado, para un verdadero beneficio en bien común de México y los miles de empleos que esas empresas han creado en México. Me quedo hoy con la máxima: “la verdad nos hará libres”.
Nota del editor: Claudio Rodríguez-Galán es Socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Está clasificado como un “Abogado Líder en Energía”, mexicano y global, por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who Legal. Claudio tiene más de 16 años ininterrumpidos ejerciendo el Derecho Energético.
Nota del editor: Claudio Rodríguez-Galán es Socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Está clasificado como un “Abogado Líder en Energía”, mexicano y global, por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who Legal. Claudio tiene más de 16 años ininterrumpidos ejerciendo el Derecho Energético. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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