Lo anterior implica otorgar un papel preponderante a las empresas productivas del Estado. No entraré más al tema por ser, ya, de dominio público y de amplia difusión.
Lo que también sabemos es que son tres los autores de todo lo que sucede en el sector energético: el Presidente de la República, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la secretaria de Energía, en ese orden.
Dentro de esa obviedad, queda al descubierto también el nulo rol y la inexistente voz, participación, decisión y autonomía que ahora sufren, tanto el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En la última semana hemos conocido resoluciones expeditas a proyectos, autorizaciones, permisos y licencias, a favor de las empresas productivas del Estado, y desatención y silencio administrativo doloso a los proyectos, autorizaciones, permisos y licencias de gran parte de los proyectos privados.
Dicho silencio administrativo está fundado en la ideología, en la inexistente autonomía de los órganos reguladores, y en la absoluta falta de fundamentación legal, pues no se ha reformado ni un ápice de la reforma energética de 2013, sea a nivel constitucional, federal o reglamentaria.
OPINIÓN. Política energética estilo cangrejo: hacia atrás
Por supuesto que tenemos a la Política de Confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía, el aumento de hasta 800% en los costos de transmisión para proyectos legados, y otras joyas administrativas que han sido revertidas por el Poder Judicial Federal, mediante la admisión de decenas de amparos y sus correspondientes suspensiones provisionales y suspensiones definitivas.
También hemos conocido la cancelación de proyectos que habían sido previamente licitados por la CFE, –incluyendo las líneas de corriente directa– y que ahora serán financiados por un Fideicomiso Maestro de reciente confección, el cual será utilizado tanto para la construcción de nueva infraestructura, como para “adquisiciones estratégicas”.
