La economía mundial sale lentamente del abismo ante la pandemia, según el FMI
Por otra parte, existe un factor político en el que se sintetiza una realidad cotidiana: las decisiones se toman priorizando la imagen del servidor público por encima del bienestar de la comunidad. Esto implica que las autoridades municipales opten por evadir el costo político asociado con la ejecución de medidas recaudatorias efectivas y prefieran utilizar sus atribuciones como estandarte político para ganar simpatía entre los votantes, a través de un cobro deficiente del impuesto, de no sancionar a los contribuyentes y del establecimiento de un cúmulo de tratamientos preferenciales.
Además de estos dos factores, existe uno que engloba el ámbito económico y que explica el desincentivo que generan las transferencias federales a la recaudación del impuesto predial. Este argumento está íntimamente relacionado con el político, pues representa una válvula de escape para la autoridad recaudadora al evitar exponerse al escrutinio público y aprovechar los recursos federales para “cubrir” el monto que no está siendo generado por el propio municipio.
En este punto, es importante señalar que, de cada 100 pesos que ingresan a las arcas municipales, 72 son aportadas por las participaciones y aportaciones, mientras que sólo 5.5 pesos son aportados por el impuesto predial, de ahí el origen de este factor.
Finalmente, existe un factor asociado directamente a la conducta del contribuyente y su renuencia a pagar el impuesto. Este desinterés que, desafortunadamente se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente, es producto de una mala comunicación por parte de los responsables de ejecutar el gasto, puesto que el contribuyente no percibe los beneficios que conlleva realizar el pago oportunamente, ni las sanciones que implica no hacerlo.
En este sentido, vale la pena replantear las estrategias de comunicación oficial para hacer llegar esta información de manera oportuna a los ciudadanos.
Un diagnóstico general de la situación que permea en las finanzas públicas locales siempre será de gran ayuda para plantear recomendaciones en favor de una mayor y mejor recaudación del impuesto predial en los municipios de nuestro país. Sobre todo en un contexto en donde la carencia de recursos se está convirtiendo en la regla.
Nota del editor: Liliana Alvarado y Arturo Franco son especialistas en finanzas públicas de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.
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