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Nuestras Historias

Corrupción a la vista

El COVID-19 ha puesto en evidencia los vacíos (y resistencias) en materia de fiscalización, apunta Jonathán Torres.
lun 09 noviembre 2020 11:59 PM

(Expansión) – La pandemia les ha caído como anillo al dedo a aquellos funcionarios que gustan de operar con la luz apagada. La fiscalización de los recursos públicos no solo no es eficaz, es extemporánea, por lo que están dispuestos todos los incentivos para aprovecharse del cargo y desviar, simular buenos actos de gobierno y no dejar huella de la ruta del dinero. Y, dadas las actuales condiciones, la práctica puede continuar sin ningún remordimiento.

En el discurso, los funcionarios de la llamada cuarta transformación juran ser buenos servidores públicos, presumen estar vacunados contra la corrupción, ser los mejores discípulos de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero las generalizaciones suelen ser tramposas. Por lo tanto, se sospecha que en esta administración hay quienes son unos lobos con piel de oveja. El problema está en que no hay voluntad para cazarlos.

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La Cuenta Pública 2019, que representa el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un ejemplo de la forma en la que los actuales funcionarios se relacionan con la fiscalización. La pandemia fue el argumento (pretexto) que esgrimió la administración pública federal para retrasar por meses la información que debía ser auditada. Es decir, los entes que debían sujetarse a auditorías cerraron operaciones, se detuvo la entrega de documentación y entonces la fiscalización se retrasó.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer la segunda entrega de la Cuenta Pública 2019 con el resultado de 487 auditorías sobre un monto de 3.7 billones de pesos, lo que implicó 41.24% del universo seleccionado e incluye 783 recomendaciones al desempeño, 566 pliegos de observación, 558 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, 367 recomendaciones, 55 solicitudes de aclaración.

Para fines prácticos, sí hay la presunción de corrupción en varios casos. Sin embargo, el proceso aún no termina y en este momento hay un periodo para presentar las pruebas que demuestren que no hay lugar a tal presunción. Como sea, el COVID-19 ha puesto en evidencia los vacíos (y resistencias) en materia de fiscalización. Algo que, ciertamente, tampoco es nuevo considerando que en la Fiscalía General de la República y en el Tribunal de Justicia Administrativa se encuentran viejos procesos todavía abiertos, activos, sin resolver.

¿Qué respuesta dará la llamada cuarta transformación a la fiscalización de la ASF? La pandemia no se ha ido, todo lo contrario, aquí seguirá y si no hay mejores condiciones para fiscalizar, cuidado, las precipitadas decisiones para gestionar las crisis económica y sanitaria pueden dar lugar a malos manejos. ¿Alguien sabe con claridad hacia dónde se va el recurso para contrarrestar los latigazos de la pandemia? ¿Bajo qué consideraciones se están dando las adjudicaciones directas? ¿Quién está midiendo la eficiencia del gasto?

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En el Congreso ya se encuentra una iniciativa que pretende auditar en tiempo real. Podría pensarse que habría toda la voluntad para aprobarla y ejecutarla ya. La Secretaría de la Función Pública tiene la facultad para ello, pero no la ASF. El factor de decisión, evidentemente, es Morena pues su oposición se ha pronunciado a favor de auditar en tiempos de emergencia, como los que hoy vivimos.

No hay pretextos. A menos, claro, que haya otros intereses que no comulguen con los principios del servicio público. Si seguimos así, la Cuenta Pública 2020 y lo que haya ocurrido con la pandemia seguramente se descubrirá hasta después de las elecciones intermedias de 2021. Será lo políticamente correcto y conveniente.

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Dos lecturas paralelas a esta historia:

1. David Colmenares, titular de la ASF, es reconocido por su experiencia en materia de fiscalización. No es un advenedizo. Fue electo por la pasada Legislatura, lo que hace pensar que no tiene factura política por pagar. Su gran reto es darle salida a los casos pendientes del pasado y a los que se acumulen del presente.

2. Los gobiernos de los estados no están cortados con tijeras distintas. En el Gasto Federalizado (los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones) de la Cuenta Pública 2019 hay varias observaciones; de 1,032 acciones promovidas de fiscalización, 430 corresponden a “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” y 345 “pliegos de observaciones” (lo que significa que existe la presunción de un acto de corrupción).

Nota del editor: Jonathán Torres es periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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