Si bien este anuncio manda una señal positiva al mercado, resulta ser insuficiente frente al gran requerimiento de infraestructura del país. Fuera de esta lista han quedado los proyectos para ampliar la red de transmisión eléctrica, energía renovable, gasoductos, almacenamiento de hidrocarburos, entre otros. No obstante, esta pequeña lista abre la puerta al flujo de fondos privados, reconociendo que actualmente la administración pública federal no cuenta con los recursos ni la capacidad suficiente para emprenderlos por sí sola.
Sobre la meta de alcanzar hacia el 2022 que la inversión represente al menos el 25% del PIB, en lo personal mantengo mis reservas. Lograr una tasa de inversión total (formación bruta de capital) con respecto al PIB por arriba del 25% siempre ha sido una de las metas económicas que cada nuevo gobierno se propone. Cumplir con esta meta, como con cualquier otra, requieren de una enorme habilidad para administrar una gran cantidad de variables económicas, financieras, políticas e incluso sociales.
Durante los últimos tres sexenios, la inversión total representó en promedio el 21.5% del PIB. Si bien, otros países latinoamericanos como Colombia, Brasil y Chile registraron porcentajes de 20.3%, 18.2% y 22.3%, respectivamente; para el caso de Turquía, país emergente y con un PIB muy similar al de México, la inversión representó el 25.9% en el mismo periodo. Esto sin considerar que China reportó en promedio un 40.35%.
Para 2019, esta métrica tuvo un valor de 20.3%, donde la inversión privada contribuyó con un 17.2%, mientras que la pública tan solo un 3.1%. Cabe aclarar que, ambos componentes se han reducido al menos desde 2016. Es decir, en 2016 la inversión total fue de 23.3%, compuesta por una contribución de 19.3% por parte de la iniciativa privada y de 4.0% por parte del sector público La desaceleración económica en 2019 (-0.1%), la percepción de incertidumbre jurídica y una estrategia gubernamental hacia el sector poco clara pueden explicar la continuidad de esta tendencia.
El panorama económico hoy parece jugar en contra. Considerando que la economía en 2020 se contraerá -9.5% y en 2021 podría tener una ligera recuperación (alrededor de 4.8%), la probable reducción de recursos presupuestarios combinado con una ineficiente asignación de estos tendrá que considerar necesariamente una mayor participación del sector privado para aumentar la inversión física que expanda la capacidad de producción, mejore la competitividad del país y con ello se reduzca el déficit de infraestructura que presenta el país.
Si se considera lo anterior y si los nuevos anuncios que haga el Gobierno Federal contemplan proyectos económica, ambiental y socialmente factibles dentro del portafolio global (recordemos que el sector privado propuso inicialmente al menos 1600 proyectos), la meta del 25% pudiera ser alcanzable.
