Las conclusiones a las que llegó Robert Muller confirmaron que el mandatario había actuado ilegalmente; sin embargo, de acuerdo con las guías del Departamento de Justicia, un presidente en funciones no puede ser llevado ante los tribunales. No obstante, ese informe dio pauta a un juicio político iniciado por la Cámara de Representantes. La Cámara de Senadores recibió la acusación formal y al final exoneró a Trump, aunque solo para el propósito de ese juicio.
De la investigación de Muller se derivaron 14 investigaciones adicionales, que se iniciaron y siguen vigentes, en contra de allegados en la Casa Blanca y algunos de sus familiares. Otra ristra de acusaciones se deriva de la mezcla ilegal de sus negocios particulares con sus funciones gubernamentales.
Ahí no terminan los problemas de Trump. A lo anterior se suman un buen número de investigaciones penales en Manhattan y los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Las acusaciones van desde la alteración de registros contables en sus empresas y financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2016 —relacionado con el caso de Stormy Daniels—, hasta fraude inmobiliario, bancario y de seguros, así como evasión fiscal. Otras causas tienen que ver con su conducta inapropiada y acoso sexual en contra de varias mujeres.
El congreso estadounidense ha iniciado otra serie de investigaciones por posible fraude fiscal federal. Igual que en el caso de Manhattan, una parte importante de las pruebas consisten en las declaraciones de impuestos de Trump de los últimos años y la respectiva información bancaria que él se ha negado a entregar. Las demandas llegaron hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde en una reciente votación de 7 a favor y 2 en contra se determinó que los requerimientos son válidos y, por lo tanto, el presidente debe proporcionar la información solicitada.
En lo que hace a los juicios federales, se argumenta que un presidente es el primer obligado a cumplir con las leyes y que, por lo tanto, no acusarlo ante los tribunales implicaría dotarlo de impunidad, y favorecería que, en el futuro, otros presidentes actuasen también ilegalmente. En varias ocasiones, Joe Biden ha señalado que las diferencias políticas no pueden dirimirse ante la justicia penal, lo que es un claro indicativo de que su política excluirá la persecución judicial de Donald Trump.
Por el contrario, hay quienes opinan que el actual presidente no debe ser encarcelado. Consideran que los perjuicios políticos serían mayores que los beneficios jurídicos. Enfatizan el hecho de que, después de Biden, Trump es el candidato presidencial más votado en la historia, con casi 75 millones de votos. Proceder legalmente en su contra agravaría la división social y política entre los estadounidenses.
