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Nuestras Historias

Es la autonomía, estúpidos

Cofece está pisando callos en el sector financiero y eso habla bien de su independencia. Es el primer paso hacia unas entidades menos protegidas y más enfocadas al consumidor.
mar 26 enero 2021 11:59 PM

(Expansión) - Si queremos sanciones espectaculares a quienes violan las leyes del sector financiero, es buena estrategia lograr antes resoluciones a prueba de fuego. Que cambien comportamientos y pongan obstáculos a la reincidencia. Y claro, conocer la ley.

Es cierto: todos nos llevamos un jarro de agua fría en las expectativas. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a siete bancos y 11 traders por manipular precios en el mercado secundario de bonos con solo 4% de la máxima pena posible, 31 millones de miserables pesos. Una sanción muy tímida cuando se trata de mercados que mueven miles de millones.

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“Lo que encontramos es lo que sancionamos”, dijo Jana Palacios, presidenta de la comisión de Competencia a Expansión. “No quisimos hacer un caso político inflando algo que no podíamos defender en tribunales”.

La cifra puede parecer ridícula, pero incluso la manera en cómo la conocimos, una filtración de Bloomberg, puede decirnos algo de por qué es una buena noticia.

Ninguno de los bancos sancionados, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan, Barclays Bank o Deutsche Bank tuvo a bien comunicar este evento relevante al mercado de valores. Total, todo el mundo sabe que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un pato cojo y sin dientes que no levantará la voz por nimiedades como la omisión de eventos relevantes… o por las transas que ocurrieron en el mercado de bonos, entre traders jóvenes y desmadrosos hace una década.

De acuerdo, quizá esta afirmación es injusta (la Comisión quiso llevar la investigación sobre este caso después de que lo iniciara Cofece). Pero muestra un aspecto crucial de este caso y de otros que ha armado Competencia en el sector financiero, como las investigaciones sobre los convenios ocultos de las intocables afores, el buró de crédito o los sistemas de pago de tarjetas de crédito. También explica por qué fueron necesarias las intervenciones de Competencia para frenar y mejorar la ley Fintech o la llamada Ley Monreal de comisiones.

Se llama autonomía.

Se trata de actuar ante los grupos financieros como si fueran fabricantes de tortilla que quieren acabar con la competencia y subir los precios. Y nada más.

Los reguladores del sector financiero -demasiados, dicen los bancos– han sido históricamente cómplices de sus regulados en lugar de defender el interés del consumidor.

En esto no estaban incurriendo en comportamientos de naturaleza inconfesable, simplemente eran coherentes con sus intereses. La Secretaría de Hacienda, emisor de deuda y por tanto gran cliente de las instituciones bancarias, siempre estuvo más preocupado de cuidar la estabilidad del mercado, las buenas relaciones con sus acreedores o la imagen del país, como Banxico lo estuvo de cuidar la solidez de los grupos financieros y el sistema de pagos.

Las leyes, pese a las sucesivas reformas financieras, empezando por la de 2001, nunca dieron suficientes dientes y autonomía a la CNBV. Después de la crisis bancaria de los ‘90 lo importante era la solidez del sector financiero. Lo demás fue, y con más razón en plena pandemia COVID, es y será secundario. Qué bueno que nuestras autoridades cuidan factores tan importantes. Pero ¿quién cuida lo demás?

Sí, los bancos han invertido en construir equipos gigantescos de compliance. ¿Toda una muestra de que esto funciona? Más bien, que temen las reformas de la ley estadounidense que siguieron la crisis de 2001 y la de 2008, o el riesgo de perder la corresponsalía en EU por lavado de dinero –verdadera razón del intento de reforma de la Ley Banxico– o algo como la sanción de 1,900 millones de dólares a HSBC. Parece que poco tiene que ver con nuestra ley e instituciones.

Por ello es un gran paso adelante que un organismo autónomo de competencia entre al terreno sagrado de Hacienda para defender los intereses de los consumidores. Sus investigaciones en todos esos mercados ya modificaron comportamientos.

La CNBV pudo tener en una administración con ánimo transformador un fortalecimiento y un empuje, dado el pasado combativo del presidente López Obrador contra el Fobaproa, un rescate bancario de los ‘90 que respondió a la mala regulación y supervisión previas a la crisis del ‘95. Por el contrario, la austeridad republicana dejó a la CNBV desarbolada y a la deriva.

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Cómo ganar en tribunales

La investigación de la Cofece fue, dicen a uno y otro lado, larga y exhaustiva, “Cofece hizo su chamba”, dice una fuente bancaria: los expedientes recibidos por las instituciones tienen más de 2,000 hojas de trabajo a fondo. Se revisaron más de un millón de conversaciones en los servicios de mensajería de las plataformas de Bloomberg y Reuters y, de todas ellas, 142 conversaciones son el fundamento de todas las sanciones.

Sí, son pocas, y presentan un reto a la hora de defender en tribunales que hubo una manipulación de precios significativa, argumento para que Competencia entrara a investigar. Aferrarse a las evidencias defendibles en tribunales plantea el riesgo de hacer el caso menor de lo que probablemente fue.

¿Por qué sancionar a los bancos y no a los “jóvenes desmadrosos”? Los traders, dice Palacios, hicieron operaciones de compraventa en el mercado para lograr objetivos como que su institución se mantuviera como formadora de mercado, o para llegar a metas de cuotas de deuda de corto o largo plazo. Respondían a incentivos de la organización.

Santander ya ha dicho que recurrirá a la vía judicial y otros puede que recurran el bajo monto de lo detectado para argumentar que no constituye una “manipulación de precios de mercado”.

La resolución tiene algo de decepcionante. Sobre todo, a la vista de las reacciones, para algún banco nacional que esperaba un golpe duro a los de capital extranjero. Los investigadores de competencia, lamentan otros, no encontraron conversaciones que revelaran manipulación en el mercado primario de bonos–lo que hubiera embarrado en el caso a Banxico y a Hacienda, emisores del papel.

¿Y la multa? El bajo monto de la sanción se debe a que la ley aplicada es la previa a la reforma de 2014: las sanciones se determinan en salarios mínimos, no en porcentajes de las cantidades en juego; y se exige una proporcionalidad entre el daño cometido y las sanciones aplicadas.

No solo eso. A diferencia del modelo estadounidense, en la que una oficina dependiente del Fiscal inicia los casos, y tiene facultades para negociar sanciones muchas veces antes de llegar a tribunales (las empresas prefieren muchas veces esta negociación a un juicio largo e incierto), en México la Cofece no puede negociar sanciones y los tribunales son la última instancia a la que apelan las partes en caso de desacuerdo. Es decir, el sancionado no tiene nada que perder por ir a juicio.

No obstante, la baja sanción oculta más de lo que muestra. Lo positivo es que cualquier nueva investigación aplicará una ley mucho más firme en sus sanciones. Incluso podrá detonar decisiones serias de los reguladores, como retirar licencias de operación de mercado ante cualquier reincidencia de los bancos sancionados. También, para quien esto escribe, envía un mensaje muy sano de las obligaciones de un regulador: casos bien documentados, independencia y transparencia.

El mejor mensaje lo da una fuente de uno de los bancos sancionados. “Pase lo que pase, nosotros por convicción a seguir defendiendo la independencia y la autonomía de instituciones como la Comisión de Competencia”.

Nada como el Estado de Derecho por encima de cualquier otra consideración.

Nota del editor: Alberto Bello es Editor en jefe de Grupo Expansión. Síguelo en Twitter . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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