En ausencia de competencia, un regulador debe fortalecer la competencia de los servicios regulados y garantizar que esto no comprometa la competitividad, la seguridad del suministro y la sostenibilidad. Para actuar de manera equitativa en interés de todos los participantes del mercado, los reguladores deben de contar con claridad en el rol que deben desempeñar, transparencia y rendición de cuentas, independencia política, financiera y liderazgo.
Un regulador equivale a un “árbitro”. Éstos garantizan, dependiendo del sector que regulan, que la luz llegue a las empresas sin interrupciones, que los aviones salgan a tiempo y vuelen de forma segura o que la red celular funcione adecuadamente y a precios accesibles.
Sin reglas claras y sin un regulador fuerte y autónomo, las empresas reguladas podrían dejar de prestar estos servicios o hacerlo de forma ineficiente. El regulador debe ser capaz de resistir presiones de las mismas empresas reguladas, del gobierno, de actores políticos y del público en general.
Por ejemplo, grupos de consumidores o candidatos a puestos de elección popular seguramente buscarán que el gas, la gasolina, la electricidad o las tarifas telefónicas disminuyan, mientras que las empresas reguladas argumentarán que resulta necesario que aumenten para recuperar sus inversiones.
El regulador debe aprobar tarifas y términos y condiciones para la prestación de los servicios, que por un lado incentiven que las empresas reguladas inviertan y presten los servicios de forma eficiente, y por otro protejan al consumidor de retornos excesivos e incentiven que los operadores realicen eficiencias y las compartan con los usuarios.
Por eso la necesidad de mantener una neutralidad regulatoria y mecanismos apropiados para interactuar con las partes interesadas.
La regulación es un tema controversial: o no está haciendo lo suficiente o está haciendo demasiado.
En el debate en curso en nuestro país sobre si necesitamos más o menos regulación, la experiencia internacional nos muestran que sí, se requiere una regulación efectiva y de calidad. Pero también, las leyes deben estar bien diseñadas, implementadas, evaluadas adecuadamente y aplicadas de manera consistente. Los gobiernos deben abordar las deficiencias y garantizar que el marco legal funcione tan bien en la práctica como en el papel.
