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Nuestras Historias

No necesitamos menos, sino más instituciones autónomas

Todas estas instituciones son perfectibles, pero de ahí a que resulten innecesarias o su autonomía intrascendente hay mucha distancia, considera Rodrigo Villar.
jue 21 enero 2021 11:59 PM

(Expansión) – No debería sorprendernos que vuelva a la carga el acoso a los órganos autónomos del Estado, como si en México hicieran falta más problemas y conflictos. En cambio, sí debemos ocuparnos: tras dos años de reconcentración del poder político y destrucción de capital institucional, esta es una de las principales amenazas que enfrenta nuestra nación.

En 2006, Andrés Manuel López Obrador acusó fraude y se lanzó hacia delante: “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! ¡Vamos a tener un Gobierno de la República!”. Bueno, ahora que lo tiene ha podido liquidar de un plumazo lo mismo el instituto para impulsar el emprendimiento –el Inadem– que el Seguro Popular, ha desmantelado áreas críticas del sector salud y consiguió desvirtuar al INEE, primer órgano constitucional autónomo despojado de ese estatus, con el que se buscaba una evaluación imparcial y sin coacción político-sindical del proceso educativo.

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En su momento causó risa y pena ajena que uno de los candidatos del gobierno para el cargo de comisionado de la CRE confundiera los teléfonos celulares con los Certificados de Energía Limpia (CEL). Sin embargo, rápidamente, todo el andamiaje institucional del sector energético, con un enfoque de autonomía técnica y separación de funciones desde la reforma del 2013, fue colonizado bajo preceptos como “99% lealtad, 10% experiencia”. Hoy, la CFE da órdenes a las instancias que deben regularla: sea emitir reglamentos para quebrar el mercado de los CEL o autorizar un alza de 800% en tarifas de transmisión.

No debe extrañar que la inversión en energía y otras áreas se haya desplomado. Tampoco que la corrosión institucional vaya a más, a riesgo de un grave retroceso democrático.

No es difícil imaginar lo que podemos perder los ciudadanos si, en vez del INAI, garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, son el gobierno y las dependencias obligadas a la transparencia quienes decidan –juez y parte– qué divulgar o no.

Se aduce como pretexto la “austeridad republicana”, pero quién ahorra y para qué. El Ifetel tiene un presupuesto de 1,500 millones de pesos (mdp); nada frente a ahorros reales y directos para el pueblo como la disminución del costo de telefonía celular por más de 44% en cinco años, efecto de la reforma de telecomunicaciones y de este órgano autónomo.

Para comparar, a la refinería de Dos Bocas, destinada a perder dinero como condición existencial, le meterán 45,000 mdp este año. La Cofece cuesta menos de 600 mdp anuales: ¿cuánto puede ahorrarnos a los consumidores por combatir y disuadir prácticas monopólicas?

Todas estas instituciones son perfectibles, pero de ahí a que resulten innecesarias o su autonomía intrascendente hay mucha distancia. No son piezas de cambio de las que un gobierno en turno pueda disponer a su arbitrio: son activos del Estado mexicano, que lo trasciende, así como garantes de derechos y libertades. ¿Cómo será el país si, en vez del INE, las elecciones las vuelve a organizar la Secretaría de Gobernación, como cuando se caía el sistema y el partido hegemónico se llevaba “carro completo”?

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"Todos los organismos autónomos están en riesgo": Marcela Torres Peimbert

Imaginemos que la política monetaria volviera a ser dictada desde Palacio Nacional, en las “conferencias mañaneras” y no por el Banco de México, autónomo desde 1994, con el precedente de cuatro sexenios de recurrentes crisis acentuadas justo por eso. Aún peor si, por razones de captura institucional, ya no se confiara en los datos del INEGI sobre inflación o los del Coneval sobre la pobreza. ¿Cuánto costaría eso?

No sólo hay que defender a los organismos autónomos, sino construir más.

Me encantaría que como sociedad debatiéramos cómo dotar de más autonomía y capacidades a las instituciones ambientales, como la Profepa o el INECC. Hemos visto la problemática de los gobiernos que acaban siendo juez y parte en proyectos de alto impacto para ecosistemas y comunidades, como el Tren Maya, lo mismo que una retractación de facto de los compromisos del cambio climático y el descuido de organismos como la Conabio o las Áreas Naturales Protegidas.

Son asuntos incluso de justicia generacional y global: no deben quedar al arbitrio de las ideas o del desinterés de una persona o un partido.

La pandemia mostró, trágicamente, las consecuencias de la improvisación y la contaminación política de la respuesta a estas crisis. La situación seguramente sería mejor si contáramos con un consejo autónomo de especialistas con facultades para manejar contingencias y procesos fundamentales de la administración de la salud pública.

¿Cuál es el costo humano de la intervención discrecional en estos asuntos de poderosos que sabrán mucho de política, pero poco o nada de distribución de medicamentos o campañas de vacunación?

Lo mismo aplica para hacer efectivo el derecho a Internet que en la procuración de justicia. La erosión de las instituciones y la concentración de poder, público o privado, suele acabar en desastre y atraso. No lo permitamos.

Nota del editor: Rodrigo Villar es un emprendedor social y Socio Fundador de New Ventures, donde busca transformar la manera tradicional de hacer negocios y crear un nuevo modelo empresarial que perciba el impacto como status quo. Cuenta con un MBA del Royal Melbourne Institute of Technology y estudió la carrera de Contabilidad y Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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