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La propiedad intelectual es parte de la solución, no el problema

La infraestructura para la producción de vacunas que se construya hoy, en armonía con un sistema de propiedad intelectual justo, podrá ser un baluarte contra futuras pandemias, opina Mariana González.
vie 04 junio 2021 05:00 AM

(Expansión) - El pasado 5 de mayo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que apoyaría la exención de la protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) en relación con las vacunas para enfrentar la pandemia de COVID-19, la cual está siendo discutida al seno de la Organización Mundial del Comercio.

Muchos aplaudieron la decisión como una victoria para poder tener una mayor equidad en la distribución de vacunas, donde los países de ingresos medianos y bajos están muy por detrás de los ricos. Sin embargo, la exención podría tener un impacto negativo en la innovación médica, así como en la transferencia y difusión de este tipo de tecnología para el bienestar social y económico a mediano y largo plazo, afectando el derecho del acceso a la salud.

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La suposición subyacente que deriva en el apoyo es que la PI, en especial las patentes, es una barrera que bloquea a los fabricantes de vacunas en la producción de vacunas COVID-19, especialmente en países en desarrollo. Sin embargo, no existe evidencia de que las patentes sean un obstáculo en el acceso a los medicamentos o tecnologías relacionadas con COVID-19.

De hecho, las patentes y otras figuras de PI han contribuido al avance de la ciencia y las innovaciones en medicina y en la salud pública. Las vacunas COVID-19 desarrolladas recientemente son resultado de años de investigación respaldados precisamente por la PI. Sin la PI, es muy probable que hoy estaríamos mucho más lejos de contar con las soluciones tecnológicas que están haciendo frente a la pandemia, siendo testigos de lo que es posiblemente la empresa científica más importante en décadas.

La fabricación de productos biológicos, especialmente aquellos innovadores como las vacunas de ARNm o vectorizadas que hoy hacen eco, no es sólo una cuestión de acceso a patentes. La producción de las complejas moléculas de ARNm recubiertas de lípidos, virus recombinantes, o incluso las proteínas o virus inactivados utilizados en las vacunas de generaciones anteriores, requiere un alto nivel de sofisticación, mucho mayor que el necesario para producir fármacos tradicionales.

Las patentes dan la “receta”, pero para poder realizarlas hace falta contar con habilidades y pericias especializadas. Además, llegar al punto de tener una vacuna en mano es también un enorme esfuerzo económico y comercial. La producción de vacunas debe cumplir con requisitos estrictos de control y garantía de calidad, así como de supervisión regulatoria.

De esta manera, comercializar una vacuna requiere más que simplemente poner una patente en la mesa para que alguien lo tome, ya que ese alguien puede no tener la capacidad técnica o infraestructura para fabricar y distribuir. El desafío en realidad implica un esfuerzo colaborativo, donde la PI es una herramienta de innovación que funciona en el contexto de un proceso eficiente de transferencia de tecnología desde quien(es) desarrolla(n) la tecnología quien(es) se encarga(n) del esfuerzo comercial, considerando también a quienes financian el proyecto.

Además, la transferencia eficaz de tecnologías tan complejas requiere todo un ecosistema de proveedores y cadenas de suministro que puede tardar años, a veces décadas, en construirse. La generación de una infraestructura multinivel de este tipo implica una inversión (pública y privada) y un riesgo considerable.

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Por lo tanto, frente a la pandemia de COVID-19, la cooperación internacional para transferir estas capacidades de manufactura será fundamental para la producción futura de vacunas en países en desarrollo, a fin de acelerar la adopción de capacidades técnicas y comerciales donde hoy no las hay.

Por esto pocas naciones tienen actualmente la capacidad de producir nuevas vacunas, independientemente de las patentes.

Por tanto, existe la necesidad de promover empresas de base tecnológica más sofisticadas e innovadoras. Estas empresas requerirán financiamiento; acceso a materias primas, insumos y componentes que actualmente escasean (ej.: nucleótidos o lípidos); conocimiento en fabricación, controles de calidad, procesos regulatorios; y, de hecho, deberán contar con los incentivos que sólo los derechos de PI pueden brindar para garantizar que todo su esfuerzo será sostenible en el tiempo.

La infraestructura para la producción de vacunas que se construya hoy, en armonía con un sistema de PI justo y robusto, podrá ser un baluarte contra futuras pandemias. Para esto se requiere pensar a largo plazo y preocuparse por comprender integralmente los procesos de innovación. En este sentido, la exención a los derechos de PI no se perfila como una solución, ni siquiera como el primer paso más urgente.

Esperemos que el debate que se están llevando a cabo encuentre un enfoque global adecuado para contribuir realmente a la solución de los problemas que plantea la pandemia, privilegiando el derecho a la salud y además salvaguardando el sistema de patentes que ha demostrado su eficacia para fomentar la innovación y permitir al mundo alcanzar una etapa de desarrollo tecnológico lo suficientemente avanzado como para desarrollar, producir y desplegar múltiples respuestas de vanguardia a los desafíos globales apremiantes en un tiempo récord.

Nota del editor: Mariana González es socia del área de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de BC&B, cuenta con 10 años de experiencia. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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