El pasado 6 de junio estuvieron presentes 44 candidaturas pertenecientes a la comunidad LGBT+ (cifra histórica en el país), lo que le pone a México -y al INE-, una “estrellita” en la frente, a los ojos de la comunidad internacional al adoptar nuevas reglas de diversidad e inclusión en los procesos democráticos del país.
Existe una serie de disposiciones internacionales sobre derechos humanos y no discriminación que son parte esencial de este cambio. Las más significativas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Montreal y los Principios de Yogyakarta.
Otra gran victoria para la comunidad LGBT+ fue el triunfo de Adolfo Cerqueda en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, al convertirse en el primer candidato abiertamente gay que gana un proceso de elección popular en este municipio. Esto nos indica que existe un cambio social importante, ya que la orientación sexual del candidato pasó a segundo plano y no fue una condición determinante para su elección.
Con estos datos podríamos asumir que nuestra sociedad y nuestras instituciones están avanzando cada día más hacia una democracia y política incluyente. Pero, ¿qué pasa con las iniciativas que salvaguardan los derechos de la comunidad?
Tenemos el caso de las famosas “terapias de conversión” (ECOSIG), que ha tomado mucho auge en los últimos días, debido a las declaraciones a favor de éstas, por parte de la editora de una conocida revista internacional de moda en su edición mexicana. La iniciativa de prohibición de las mismas, se encuentra detenida en el Senado desde hace tiempo.
