El mismo día, los accionistas de Chevron votaron por una reducción sustantiva de emisiones y una firma de inversión famosa por su activismo climático aseguró una representación decisiva en el consejo de Exxon. Parecería difícil encontrar ejemplo más patente del contrasentido de la política energética nacional y el olvido de las responsabilidades con el mayor desafío existencial de la humanidad. Pero no.
Dos meses después, Moody’s degradó nuevamente la deuda de Pemex, que ya estaba en un nivel especulativo de riesgo considerable. La puso a un escalón del rango de alto riesgo y como razón primordial señaló el efecto en el flujo de efectivo de la apuesta en refinación, área que dejó pérdidas de más de 17,000 millones de dólares en tres años.
Además, la dependencia de la respiración asistida de transferencias del gobierno, es decir, del rating de la deuda soberana. ¿La respuesta? Descalificar a la calificadora, acusándola de falta de transparencia, tal como la costumbre de desacreditar al árbitro electoral cuando no hay buenos resultados en las urnas. Y desde luego, clamar que no faltará dinero público para sostener la carrera al despeñadero.
En una carrera muy diferente, al menos 20% de las 2,000 empresas cotizadas en Bolsa más grandes del mundo han hecho algún compromiso de cero-neto en emisiones invernadero, con miles de millones de dólares en inversiones en desarrollo para tal propósito. Ejemplo cercano: Cemex acaba de informar la inversión en Carbon Clean, empresa de tecnología modular de captura y separación de carbono, conforme a su meta de neutralidad al 2050.
Pareciera que no hay semana en que alguna automotriz anuncie su adiós a los motores de combustión interna para ir a los eléctricos. Tan pronto como en 2035 en el caso de GM, por dar un ejemplo. Sin embargo, aquí el objetivo es la autosuficiencia en gasolina, aunque la consigamos con importaciones de la periferia de Houston, de algún modo contabilizadas como nacionales, más CO2 a la atmósfera y más veneno en el aire de nuestras ciudades producto de refinerías y termoeléctricas obsoletas.
La Unión Europea presenta su plan para recortar en 55% su huella de carbono en esta década: además de lo que recién comentamos sobre aranceles contra países que incumplan con los compromisos climáticos, busca sacar del mercado a los automóviles a gasolina y diésel en 15 años e imponer impuestos a combustibles de aviación.
Aquí, nuestro gobierno anuncia que competirá en la distribución de gas LP: a repartir cilindros y llenar tanques en azoteas, cuando en los primeros tres meses del año se duplicó el desperdicio por quema de gas natural en los procesos de Pemex. Como de paso, la Secretaría de Energía reconoce que no llegaremos al compromiso de 35% de generación con fuentes limpias para 2024.
El mismo día que Moody’s degradó la deuda de Pemex por su anacrónico y oneroso apetito refinador, dos de los más importantes fondos de inversión de impacto climático anunciaron posturas récord. TPG, hasta 7 mil millones de dólares de su Rise Climate Fund, a colocar en emprendimientos y soluciones alrededor del mundo. Brookfield, 12.5 mil millones, para erigirse, según PitchBook, como el mayor fondo de capital privado en la materia.
