En todas estas situaciones se argumenta que es deseable la intervención gubernamental porque los agentes privados son incapaces o no tienen incentivos suficientes para proveer eficientemente algún bien o servicio, lo cual es debatible, pues muchas veces el problema de fondo es una incorrecta protección o definición de la propiedad privada. Ahora, preguntémonos si esto es lo que sucede en la industria energética en México.
Para todo lo comentado en este espacio, me voy a referir al sector de generación y suministro de electricidad, y no a la transmisión y distribución, pues el segundo es un caso muy particular de “monopolio natural”.
El Ejecutivo presentó a fines de enero una iniciativa de decreto para la industria que pretende, se asegura en la misma, mejorar la “confiabilidad energética”, contribuir a la seguridad energética y no incrementar las tarifas de electricidad (encima de la inflación).
Para ello se propone forzar a que CFE sea la primera en alimentar al sistema eléctrico, retirar la obligatoriedad de las subastas de largo plazo, modificar certificados de energías limpias, revertir permisos de autogeneración y terminar contratos con los privados. Esto implica fortalecer a la empresa del Estado a costa de los privados. ¿Existe alguna justificación real para ello?
Tras abrirse en diciembre de 2013, las inversiones y el desarrollo de la industria tuvo un auge: la inversión extranjera directa entre 2014-2018 ascendió a 9.9 mmdd contra 2.7 mmdd entre 2009-2013. Además, la iniciativa privada probó ser capaz de generar electricidad de forma más eficiente y limpia que la CFE.
Por ejemplo, se estima que el costo unitario variable de las centrales de la empresa estatal es de $931 MWh, por $682 MWh producido en las centrales de productores independientes y $583 MWh obtenido en las subastas de largo plazo.
