Estos costos empiezan con la imposición, un límite a nuestra libertad personal, para respetar la de los demás y cumplir nuestras obligaciones, de lo contrario, el Estado, quien tiene el uso exclusivo de la fuerza, me obligará a hacerlo. Además, el Estado requerirá de recursos, que provienen de los gobernados, a través de impuestos y contribuciones, lo que también implica límites la ciudadanía, pues se reduce la capacidad de decidir cómo emplear nuestros recursos (menor ingreso disponible).
Por otro lado, para que la economía funcione de forma eficiente y pueda volver a equilibrarse después de un choque, es necesario que se deje operar al sistema de precios y se permita la libre competencia y movilidad de los factores de la producción (trabajo, capital). Por ejemplo, supongamos que, por alguna razón, la demanda por un bien se expande repentinamente. Dado que ello, todo lo demás constante, llevaría a un aumento en el precio del bien y que puede ser observado por todos, habría incentivos para que aparezcan nuevos productores o que los actuales expandan su producción; entonces, al aumento inicial en la demanda le seguiría una expansión en la oferta y, así, el mercado volvería a equilibrarse, sin necesidad de que intervenga el Estado.
Ahora, el Estado mexicano ha restringido la libre competencia en sectores como el energético. Recientemente, estableció precios máximos al gas LP y anunció la creación de una empresa estatal para distribuir dicho producto. Esto, con el fin de detener los incrementos en los precios del energético pagados por los hogares mexicanos y que, en julio de 2021, mostraron un alza interanual de 35%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin duda, la intención es buena, pero hay que analizarla a la luz de todo lo que mencionamos previamente.
Que el Estado amplíe sus funciones, al distribuir ahora gas LP, quiere decir que necesitará más recursos, es decir, más impuestos, más deuda (impuestos mañana) y/o, reajustar el gasto. Esta última vía también viene con un costo, pues implica descuidar algunas de las funciones que actualmente realizaba y que podrían considerarse más urgentes para la sociedad mexicana, como la seguridad, la compra de vacunas, etc.
