Durante el año en curso se han presentado varios retos para el sector subnacional, el cual se ha visto afectado con un presupuesto federal reducido a causa de la pandemia y la complejidad para incrementar su recaudación propia dado el contexto económico y erogaciones extraordinarias a causa de la contingencia sanitaria.
Las elecciones de 15 gubernaturas y más de 1,900 ayuntamientos implicaba la liquidación de obligaciones de corto plazo, tres meses previos a los cambios de administración, y esto ha afectado fuertemente a las entidades subnacionales, sobre todo en un deterioro de su liquidez.
Algo interesante en esta nueva Ley de Ingresos de 2022 es que se contemplan incrementos reales para las transferencias de libre disposición y los recursos etiquetados de las entidades subnacionales, lo cual representa un panorama distinto para las entidades con respecto al año previo, cuando existían reducciones en las transferencias federales y la incertidumbre sobre la reactivación económica.
Además de la relevancia en términos de disponibilidad de recursos y liquidez, los ingresos federales no etiquetados se consideran para el cálculo del techo de endeudamiento en que pueden incurrir las entidades federativas, es decir, determinar si se cuenta con un endeudamiento sostenible, en observación o elevado.
De igual forma, el monto máximo de financiamiento está en función de los ingresos de libre disposición de las entidades. Por lo que, en caso de que así se requiera, podrían tener mayor flexibilidad de contratación de endeudamiento de largo plazo para financiar proyectos de inversión pública productiva, lo que es importante para los planes de cada estado y municipio.
