Dentro de la política científica y tecnológica de un país, los resultados de las investigaciones novedosas y con aplicación industrial se protegen por medio de patentes, las cuales garantizan al inventor una protección legal para su invención y hacen accesible al público el conocimiento de la invención, pues también contribuyen al diseño de nuevas líneas de investigación en universidades y centros de investigación, evitando la duplicidad de esfuerzos.
Desde este punto de vista, para el sistema universitario en México, el aprovechamiento de la información contenida en los documentos de patente les permite:
- determinar el grado de avance a nivel global del área científica y tecnológica de interés;
- precisar el número de solicitudes de patente en un área tecnológica específica;
- identificar a otras universidades y centros de investigación que trabajan en la misma área científica y tecnológica.
Lo anterior puede representar el trabajo hacia la visión de un México que realmente genera innovación, talento, nuevos productos, nuevos procesos y nuevas tecnologías, al que vale la pena apostarle.
Uno de los aspectos básicos de esta apuesta es el trabajo conjunto entre las empresas y las universidades, con lo que distintas sensibilidades entran en contacto para decidir sobre las disciplinas y los programas que se desarrollarán en los campos de investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
De esa forma se podrá expandir la capacidad social de innovación, a través de potenciar de manera creciente el protagonismo de los usuarios, quienes pueden identificar necesidades, originar ideas y evaluar soluciones; pero también significa extender a toda la sociedad la idea de innovación como síntesis entre necesidad y oportunidad, es decir, promover la utilización del conocimiento disponible y aplicarlo a la resolución de problemas.
La capacidad para utilizar y aplicar conocimiento está asociada con los saberes de los integrantes de la sociedad: entre mayor sea su nivel educativo y su especialización, potencialmente tendrá mayor capacidad para utilizar y aplicar el conocimiento, no sólo el adquirido sino también el disponible, porque identifica tanto el tipo de conocimiento faltante para la resolución de un problema determinado como las fuentes donde se puede encontrar.
Por ello las universidades deben interesarse cada vez más en identificar problemas y asegurar su eficiente traducción hacia la configuración de programas y líneas de investigación, que logren construir una oferta tecnológica y de servicios, que desemboquen en demandas por innovación por parte del sector productivo.
Debemos, como país, buscar que el conocimiento científico se expanda y sea aprehendido (o apropiado) por los diferentes sectores sociales y no quede solamente constreñido a los especialistas académicos. Esto demanda un proceso de democratización del conocimiento, tanto en su comprensión como en su uso, y ello está vinculado a la creciente demanda del público con respecto a la responsabilidad social de la ciencia.