En 2019 México se comprometió a alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono para mediados de siglo. Sin embargo, existen acciones que se contraponen con las metas climáticas planteadas por el país, como la eliminación de fideicomisos para la atención al cambio climático , la intención de desaparecer instituciones del sector ambiental o el impulso de una política energética basada en fuentes fósiles .
En este sentido, los tomadores de decisiones requieren de una comprensión más global del cambio climático, que considere las implicaciones negativas para el desarrollo económico y el bienestar social de las generaciones presentes y futuras. La atención al tema, a través de la implementación de políticas públicas , es crucial y conlleva un rol muy importante para el desarrollo del país a largo plazo.
A nivel nacional, los sectores de energía y transporte son los que más contribuyen con la emisión de Gases de Efecto Invernadero, pero a su vez representan un nicho de oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible . La alineación de políticas públicas, estrategias nacionales, regulaciones y normas adecuadas para la toma de decisiones tiene una gran relevancia en la velocidad a la cual México podría transitar hacia un modelo bajo en carbono que haga frente al cambio climático mediante acciones concretas.
México se destaca por la diversidad de instrumentos de política pública a nivel nacional y subnacional en materia de cambio climático. Algunos ejemplos son los instrumentos normativos y de planeación de emisiones, como el Programa de Gestión Integral de la Calidad del Aire y el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero , los cuales han sido actualizados y aplicados con éxito en la mayoría de los estados del país.
Dichos instrumentos de políticas públicas incluso han comenzado a evaluar otro tipo de emisiones más específicas. Tal es el caso del metano, que en sectores como el agrícola tienen una presencia destacada y cuyas investigaciones han caracterizado a este tipo de emisiones como un área estratégica para cerrar la brecha de contaminación actual y reducir el calentamiento global a corto plazo.
En el caso de México, se estableció el compromiso de reducir en un 30% sus emisiones de metano antes del 2030, lo cual se ha pretendido lograr mediante el desarrollo de programas diseñados para el sector agrícola y forestal. Sin embargo, los programas insignia vigentes en la materia han sido señalados por diversas problemáticas , que van desde temas operativos hasta de transparencia y rendición de cuentas. Esta situación inhibe su impacto positivo y deja a estas iniciativas en el terreno de las buenas intenciones.
