(Expansión) - La inflación continúa acelerando, llegando a 8.7% en el mes de agosto de 2022. Sin embargo, en este entorno inflacionario, la autoridad monetaria se niega a frenarla, y peor aún, no parece tener intenciones de intensificar su política monetaria para contenerla.
A mi parecer, esta junta de gobierno es la más desorientada en materia de inflación y de decisiones de política monetaria. Además, es la más dependiente de factores externos en su toma de decisiones.
Más allá de la ineficacia de la junta de gobierno de Banxico, lo que llama más la atención es su confesión sobre la verdadera intención que tiene este instituto (y otros de economías emergentes). Recientemente, un par de miembros de la junta aseveraron en entrevistas separadas que el objetivo del banco es seguir o imitar las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Poco dijeron de la inflación. Esto no es nuevo y viene de muchos años atrás.
El caso es que este nuevo discurso sobre un puntual seguimiento a las decisiones de la Reserva Federal implica un desacato constitucional y una pérdida de confianza del ciudadano sobre el poder de compra de la moneda.
Al Banco de México ya no le ocupa tanto la inflación, como mantener una brecha positiva (y suficiente) entre la tasa de interés mexicana y la de los fondos federales. Dicha brecha, supuestamente promueve (porque desde 1994 no hemos presenciado episodios sistémicos graves) una curación en salud del sistema financiero mexicano ante eventos de volatilidad o de aversión al riesgo a nivel global. Típicamente observamos que cuando hay recesión en Estados Unidos, la brecha de las tasas reales de ambos países es mayor (a favor de México), y cuando hay expansión económica, la brecha se reduce.
Si se mira una gráfica de la tasa de fondos federales y la tasa objetivo local, desde el año 2004 a la fecha, la sincronización o seguimiento de Banxico hacia su contraparte ha sido casi perfecta, de uno a uno.
El desacato de Banxico radica en que, constitucionalmente, su misión es únicamente la preservación del poder de compra de la moneda. No obstante, en la práctica no se cumple el mandato y, en cambio, protege al sector financiero de la economía como a la niña de sus ojos. Algunos simpatizantes del ceteris paribus dirán que un riesgo sistémico materializado podría tener consecuencias inflacionarias, pero, repito, no hemos visto esos episodios desde 1994-1995.
Partamos del hecho de que Banxico no quiere aumentar la tasa de interés suficientemente con el fin de reducir la inflación a su objetivo.
Si el fin de la política monetaria es mantener una simetría con los movimientos de la tasa de fondos federales, esto implica, en lo general, que la prioridad no es la reducción de la inflación, sino, mantener estable al sistema financiero, al cambiario y al mercado de instrumentos de renta fija y el de bonos. Aquí es donde otros actores “meten la mano” en la política monetaria.
Por ejemplo, una brecha positiva y estable entre las tasas de ambas economías, mantiene también estable la deuda del gobierno mexicano. Por otro lado, un aumento más que proporcional de la tasa de interés mexicana en términos de esta brecha, incrementaría los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB.
Siguiendo su mandato constitucional, Banxico debió haber desacoplado su política monetaria desde hace tiempo, ajustando la tasa de interés en mayor medida que la Reserva Federal. Pero esto no sucedió.
Al mismo tiempo, en el paquete económico del año 2023, el gobierno está reduciendo su estimación de endeudamiento de 51% del PIB en 2022, a solo 49.4% en 2023. Parece imposible dado el bajo crecimiento esperado, la alta inflación, la plataforma petrolera y la tasa de interés nominal esperadas en México. Más bien, la deuda pública va a rebasar por varios puntos el estimado del gobierno.
Este episodio de inflación ya trastocó la credibilidad de la banca central como defensor y garante de la moneda. Por ello es conveniente preguntarse si es propicio y conveniente, al ser esta una institución del Estado, instaurar reglas de observación a la autoridad monetaria, dado el desacato de su mandato constitucional. Recordemos que otros órganos reguladores han tenido un papel destacado en la acotación de las facultades de este tipo de instituciones del Estado. Banxico tiene manga ancha y es libre de hacer lo que guste, incluyendo, proteger los intereses del sector público, lo cual no me parece bien.
Ante la ausencia de riesgos sistémicos importantes, la prioridad monetaria es el combate a la inflación, por encima de la defensa de cualquier mercado financiero, incluida la deuda del gobierno. Cualquier otro incentivo que sea perseguido en la práctica, está fuera de la constitución.
Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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