Aunque parezcan distantes no lo son. El entorno financiero y el de los políticos no comparten actores, conceptos ni instrumentos, pero interactúan constantemente, determinándose recíprocamente. El Plan B propuesto por el partido oficial, bajo la línea trazada por el presidente, incide decisivamente en el ambiente de negocios, demostrando que dos conceptos que parecen ajenos, al final del día se tocarán dramáticamente. Ellos son confiabilidad y certeza.
Certezas
La confianza en ocasiones tarda años en ganarse, pero puede perderse con enorme rapidez.
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Aunque los políticos acarician la popularidad, no advierten que lo que el electorado busca en un gobernante es la confiabilidad. Al ganarse la confianza de trabajadores, empresarios, industriales, profesionistas y hasta amas de casa, lo que el político acopia es confianza. Ésta se refleja en las urnas y permite que transiten las propuestas, acciones y metas que traza aquel, aunque quienes le apoyan no acaben de comprenderlas.
El respaldo, en buena medida, no se basa en la valoración de la gestión cotidiana, pero, tarde o temprano, descansa en la ponderación de resultados, éstos, inevitablemente, se sienten en el bolsillo, así como en las condiciones de salud, seguridad y educación, mismas que cualquiera de nosotros comprende vivencialmente al margen de las estadísticas. De forma que, sin saberlo, los políticos diariamente ganan y pierden puntos en confiabilidad, pero acusan recibo hasta que los procesos electorales les pasan factura. La confianza en ocasiones tarda años en ganarse, pero puede perderse con enorme rapidez.
En el mundo de las finanzas, la certeza, entendida como la condición de saber qué esperar, hace toda la diferencia para invertir; adoptar medidas de expansión comercial e industrial, así como para ofrecer mejores condiciones laborales en el mediano y largo plazo.
En lo económico no existen recetas infalibles, ni resultados necesarios, pero los proyectos se construyen a partir de certezas razonables en aspectos cambiarios; de tasa de interés, e inflación, así como en el poder contar con ambiente regulatorio eficaz, en el que el sector público tiene un claro y definido carácter como garante de la seguridad jurídica. El papel redistributivo del sector público, sin que éste se asuma como desleal competidor del sector privado, permite construir mercados ordenados y eficientes.
El plan B subvierte de manera frontal y drástica ambos referentes. Impacta de manera severa la credibilidad en el proceso comicial, al derruir las bases sobre las cuales, a lo largo de décadas, se construyó un andamiaje institucional confiable, en el que los ciudadanos y el aparato de estado articulan esfuerzos en la planeación, organización y ejecución de la jornada electoral.
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Arguyendo la necesidad de abaratar, se ha propuesto un esquema que ineludiblemente precariza procesos, produciendo que la baja de recursos incida negativamente en la capacitación, en la preparación del material, y, al final, haga inviable contar con una red de casillas suficiente, alcanzando el resultado de gastar menos, pero poniendo en riesgo un resultado creíble.
Al estar aún sujeto ese plan al escrutinio judicial, el efecto negativo en el acervo de certezas es discreto, pero irá aumentando a lo largo que quede al descubierto la inminencia de un conflicto postelectoral, gane quien gane, lo que colocará a los resultados de la votación por las curules en una arena de profunda confrontación. La incertidumbre arribará antes que el resultado, y con ella, el estancamiento de decisiones que a todos nos cuesta. Se trata del riesgo en su más amplia acepción.
Más allá de la disputa de fondo, y de quién pueda tener la razón, la economía nacional entra en el oscuro túnel de la indefinición, entre más largo, menos cosas buenas acontecerán.
Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
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