(Expansión) - Tuve el privilegio de cursar la materia de Amparo con la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández; recuerdo que el primer caso que analizamos en clase fue el de Marbury contra Madison. En dicho asunto se sienta el precedente de que la Suprema Corte es un igual y es un independiente frente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, así como que la Constitución es la Ley Suprema de la Nación.
Lo que las startups esperan de la Suprema Corte y del Poder Judicial
Son tiempos donde startups y empresas requieren de un Poder Judicial con mucha cordura y dignidad; una autoridad que interprete de forma adecuada la Constitución y brinde confianza en todo momento.
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Teniendo lo anterior en mente, he construido una práctica enfocada a proteger los intereses legales de muchas startups. Y puedo decir que hoy más que nunca, las startups necesitan la certeza de que el Poder Judicial de la Federación (PJF), bajo el liderazgo y directrices de la recién designada ministra presidenta. Continúe trabajando y resolviendo asuntos de manera independiente, sin injerencias de los otros poderes ni intereses personales de terceros, donde el respeto a la Constitución sea el eje rector.
Son tiempos donde las startups y empresas requieren de un Poder Judicial con mucha cordura y dignidad; una autoridad que interprete de forma adecuada la Constitución y brinde confianza en todo momento. Explico las razones.
Supongamos que surge un nuevo emprendimiento que desea iniciar operaciones en una ciudad o entidad del país, lo primero que buscará esta organización es que exista certeza jurídica que le permita hacer negocios sin contratiempos; que las regulaciones no sean excesivas o evitar que de pronto se cobren nuevos impuestos que antes no existían.
Si alguna persona del Poder Ejecutivo de cualquier nivel, ya sea federal, estatal o municipal, autoriza un cambio en las reglas del negocio, las organizaciones esperan que el Poder Judicial actúe de forma autónoma, analice con minuciosidad el caso y resuelva con apego a Derecho.
En caso de que alguna startup quiera presentar un amparo contra nuevas regulaciones, por ejemplo, esta empresa debe tener la confianza de que el Poder Judicial actuará con imparcialidad. Si el juez considera que esa norma es inconstitucional que se dé marcha atrás y la ampare; o por el contrario, si la empresa se aceleró e hizo operaciones que requerían un permiso, que se corrija y se ajuste a las reglas.
Sin embargo, las startups se enfrentan día a día a retos o impedimentos fiscales y regulatorios que devienen en barreras a la entrada para desarrollar sus modelos de negocio en un ambiente de competitividad. Bajo esa premisa, los abogados de startups también somos disruptivos, porque nos vemos obligados a cuestionar ante los Tribunales impuestos que son excesivos, trámites que carecen de sustento legal, regulaciones que son inconstitucionales o que simplemente son arcaicas para normar el modelo de negocio de nuestros clientes.
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En mi trabajo he promovido exitosamente juicios de amparo contra regulaciones en materia de transporte privado de pasajeros (ride-hailing) que inhiben el desarrollo de la industria, por ser aplicables a otro tipo de negocio que podría decirse “tradicional” (como los taxis concesionados), o sencillamente por imponer requisitos excesivos para participar en el libre mercado.
En lugares o países donde no existe independencia o certeza jurídica los emprendimientos no prosperan debido a que las reglas del juego cambian de forma arbitraria. Nadie invierte en sitios donde las autoridades son arbitrarias, autorizan nuevos impuestos o expropian proyectos para operarlos de forma unilateral.
Un mensaje de seguridad y confianza
Desde el máximo tribunal, la ministra Norma Piña tiene esa gran posibilidad de enviar un mensaje contundente a los más de 1,500 jueces que están distribuidos en todos los juzgados del país. Se requiere del respaldo de que la SCJN como Máximo Tribunal del país sea apolítica, apartidista y no esté sometida a intereses de otro poder.
El programa oficial de trabajo difundido por la ministra presidenta hace especial énfasis en tres ejes rectores que fomentan (indirectamente) la certeza jurídica en el ecosistema de las startups: (i) la independencia judicial; (ii) fortalecer la justicia digital; y (iii) prevenir y mitigar la corrupción de jueces y magistrados.
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En cuanto a la independencia judicial, un PJF que se encuentre libre de injerencias del Ejecutivo federal o local en turno supone un contrapeso contra regulaciones arbitrarias, ilegales o excesivas que tienen a inhibir el giro de negocios innovador de una startup. Por su parte, la e-justicia ha contribuido y seguirá contribuyendo a agilizar y eficientar los juicios federales, lo cual reduce los costos para que las startups puedan impugnar regulaciones arbitrarias.
Aquí es imprescindible que se cumpla la división y autonomía de autoridades, de lo contrario, como dice Montesquieu en el Espíritu de las leyes: “donde dos o más poderes se unen no hay libertad ni democracia”. Las startups necesitan precisamente que las decisiones que se tomen en un juzgado no se sientan sesgadas o presionadas por autoridades ajenas.
Nota del editor: Víctor Aguirre López es socio fundador de la firma BlackBox Startup Law. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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