Avances en la regulación sobre ESG

No obstante, hay avances relevantes en los últimos meses. Se han publicado dos instrumentos no vinculantes (también referidos como soft law) que son de gran utilidad para aquellas empresas interesadas en desarrollar una estrategia ESG, definir objetivos e iniciativas, así como diseñar sistemas de medición y procesos de divulgación de información sobre estos temas. Me refiero a la Taxonomía Sostenible de México y al Cuestionario Homologado ASG para Emisoras.

La Taxonomía Sostenible de México fue publicada por el gobierno federal en marzo de 2023, como resultado de un trabajo conjunto de más de 200 expertos de diferentes sectores, coordinado desde la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Gabriel Yorio. Esta taxonomía establece criterios y esquemas de clasificación para evaluar si un activo, actividad económica o proyecto de inversión tiene un impacto en los objetivos ambientales, sociales y de sostenibilidad. Su objetivo principal es promover la inversión en actividades económicas que contribuyan a cerrar las brechas socioeconómicas y proteger el medio ambiente. Al mismo tiempo, ayuda a dar certeza a los participantes en los mercados financieros y a evitar el greenwashing. Toma como marco de referencia el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El Cuestionario Homologado ASG para Emisoras , emitido por la Amafore (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro) en agosto de 2022, que aborda aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, con el objetivo de lograr una evaluación integral del desempeño de las empresas en estas áreas. Cuenta con 217 puntos y aun cuando está dirigido a empresas con valores listados en los que invierten las Afores, es una guía útil para aquellas empresas privadas interesadas en diseñar, fortalecer o evaluar la solidez de su estrategia ESG.

Además de estos instrumentos nacionales, existen disposiciones extranjeras que no debemos pasar por alto, ya que tendrán un impacto significativo en la configuración de la regulación ESG a nivel global, incluyendo la de nuestro país. Adicionalmente, estas disposiciones serán aplicables a ciertas empresas que operan en México, ya sea porque son subsidiarias o proveedoras de empresas sujetas a derecho extranjero.

La primera es la Directiva Europea sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), aprobada en noviembre de 2022, que establece que los informes anuales deben incorporar información sobre sostenibilidad y diversos temas relacionados con ESG y dicha información debe tratarse con el mismo rigor que la de carácter financiero. La directiva es aplicable a empresas listadas en bolsas de valores y también a empresas grandes con operaciones la Unión Europea, de acuerdo con métricas de ventas anuales, valor de activos y número de empleados. La CSRD comenzará a exigirse a partir de los informes anuales del año 2024.

La segunda es el proyecto de Ley Europea de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro que pretende garantizar que las empresas de la Unión Europea gestionen diligentemente el impacto social y ambiental a lo largo de su cadena de valor, incluidos los proveedores directos e indirectos. El proyecto fue adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2022 y se espera que sea aprobado por el Parlamento Europeo en este mes mayo. Una vez aprobado, los Estados miembros tendrán dos años para adoptar la directiva en sus legislaciones nacionales y los países con leyes propias en esta materia (ej. Alemania, Francia y los Países Bajos) deberán ajustar su legislación existente.

La tercera es la reforma propuesta por la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, en marzo de 2022, que incorpora cambios significativos en los deberes de divulgación de las empresas listadas. Entre otras cosas, requieren la divulgación de riesgos relacionados con el cambio climático, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero en operaciones propias y en la cadena de suministro. La propuesta ha recibido una gran cantidad de observaciones de los participantes en el mercado e incluso ‘amenazas’ por parte de fiscales de estados donde gobierna el partido republicano que prometen impugnarlas, en caso de aprobarse.

En el ámbito nacional, existe un proyecto de reforma a la Ley del Mercado de Valores, aprobado en el Senado el pasado 28 de abril, que incorpora un nuevo artículo (9 Bis) donde se faculta a la SCHP para para emitir disposiciones de carácter general en materia de desarrollo sustentable, así como para fortalecer la equidad de género, orientadas a promover, informar y evaluar mejores prácticas en estas áreas.

Si este proyecto se convierte en ley, abrirá la puerta a una regulación más completa en materia de ESG en nuestro país. Al igual que sucedió con la Taxonomía Sostenible, es importante que las autoridades convoquen a un diálogo amplio para definir el rumbo de la regulación sobre sostenibilidad, puesto que tendrá un impacto relevante en la política empresarial de nuestro país y, en consecuencia, en el entorno de todos los mexicanos.

Nota del editor: Pablo Jiménez Zorrilla es socio de Von Wobeser y Sierra, S.C. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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