Al igual que en 1975, el dólar parece ser la más barata de las “mercancías”, y, como entonces, existe un entorno de volatilidad en el precio de distintos bienes, incluyendo algunos de la canasta básica, que deriva, eventualmente, en desabasto. Los exportadores han visto incrementar los flujos de salida, pero no necesariamente sus ganancias, siendo ya de anticipar la adopción de medidas que ajustaran los términos de su interacción con la clientela situada en el exterior, dado que cada vuelta del ciclo parece ser más difícil procurar los insumos necesarios para reponer inventarios.
La esterilización de divisas parece ser un misterio para quienes integran la Junta de Gobierno del Banco de México, o al menos, éstos muestran inusitada inmovilidad ante fenómenos que evidentemente les han rebasado, siendo de destacar que ninguno de sus integrantes ha sido formado como especialista en regulación monetaria. Quienes han hecho carrera en ese instituto central, no han acabado de entablar cabal comunicación con quienes, por razones políticas, se incorporaron al órgano colegiado. La preocupante inacción de esa instancia de autoridad puede derivar en complejos episodios, como los que ya hemos vivido en los últimos 50 años.
El impacto de las remesas y de las criptomonedas en los agregados monetarios, así como los inequitativos términos de intercambio con nuestro principal socio comercial, son retos que reclaman innovación al momento de diseñar el andamiaje regulatorio; sin embargo, hasta ahora, se han echado a volar campanas, sin advertir la presencia de nubarrones en el horizonte.
Es cierto que, formalmente, existe un mercado libre de cambios, pero también es cierto que, de cuando en cuando, se han articulado intervenciones “niveladoras”, destacando entre ellas la celebración discrecional, y poco transparente, de operaciones de intercambio de divisas, cuyo efecto en el tipo es claramente apreciable. Adicionalmente, y replicando reprochables sesgos del pasado, el sector público acomoda sus posiciones, saliendo a demandar o a ofrecer, de manera calculada, sus tenencias, provocando perturbaciones en los flujos de divisas. El mercado, así, tiene una libertad acotada, replicando la existencia de bandas de fluctuación.
Es oportuno recordar que la holgada devaluación que, a partir de 1954, absorbió los altibajos del tipo de cambio durante dos décadas, fue impuesta directamente, y sin recato alguno, por Adolfo Ruiz Cortines, a consecuencia de los enormes desfalcos producidos en la gestión Alemán, esto, apenas al inicio del nuevo sexenio. A mediados de los años 70, el desorden cambiario que produjo el despilfarro populista de Echeverría se afrontó con la ilimitada complicidad del banco central, el cual contuvo el obligado ajuste hasta el final de la administración. En aquel entonces se pensó que resultaba más conveniente que asumiera el trago amargo quien salía, brindando capacidad de maniobra al entrante. Esto no parece ser hoy la postura prevaleciente.
López Portillo, tras haber vivido la pasajera bonanza de los precios del petróleo, enfrentó la dura caída de éstos. La salida de capitales y el incremento de los intereses a pagar lo obligaron a adoptar, tres meses antes de concluir su sexenio, severas medidas que paliaran la incapacidad de solventar enormes pasivos financieros asumidos en condiciones alejadas del marco constitucional. En ese entonces, Hacienda y Banxico protagonizaron un escarceo que dio nacimiento a un grupo de economistas que se apoderaron de las decisiones, estableciendo dominancia en favor del segundo. Hoy, a pesar del texto constitucional, se han invertido los papeles.
Mucho se habla del error de diciembre, aunque pocos saben que el célebre error fue provocado por haber ampliado la banda de flotación, cuando en realidad debió ponerse el peso a libre flotación. Algunos prefieren poner énfasis en la irresponsable decisión de colocar ilimitadamente Tesobonos a corto plazo, a sabiendas de que la reserva de activos internacionales venía en franca picada. Sí, critican que se asuma que el objetivo sea transitar, sin sobresaltos, el proceso electoral, legitimando así, el dar rienda suelta al proceso de endeudamiento.
Sin quererlo, al dotarse de autonomía al Banxico, se ignoró lo aprendido en 1982, ya que, contraviniendo lo previsto en la Constitución, se otorgó a la SHCP el control de la Comisión de Cambios, y con ello, el manejo de la reserva de activos internacionales. De forma que lo ocurra en el mercado cambiario, es y será responsabilidad de esa dependencia. Así es, el incentivo perverso de mantener el espejismo, en favor de la imagen del político en turno, es, como en 1994, uno de los mayores riesgos que enfrenta la economía nacional.
