En lugar de aplicar manuales, criterios y políticas, la SHCP se ha decidido a administrar un esquema de presiones, premios y castigos, en el que el cumplimiento de compromisos no es el objetivo, sino la canalización de recursos a las actividades que se marcan en la agenda presidencial como preferentes. Los otrora expertos administradores financieros se han convertido en balanza que sopesa las consecuencias de honrar contratos, cuando ello supone dejar de atender a los favoritos del régimen. Actualmente, quienes aspiran a cobrar, fundándose únicamente en haber entregado la mercancía o prestado el servicio contratado, deben esperar hasta que existan “condiciones” que lo permitan.
Así, el ejercicio presupuestario no tiene como objetivo el cumplir lo pactado, lo relevante, es canalizar recursos a las obras, operaciones y actividades que mantienen el espejismo de una administración en marcha, por lo que no existe prelación, ni consideración alguna que haga preferir lo ya entregado o ejecutado, sobre aquello que permita hacer espectaculares anuncios. El primero en tiempo, ya no es primero en derecho.
La integridad, oportunidad y velocidad en la realización de pagos depende de facilitadores que en todas las dependencias pululan, ofreciendo buenos oficios y gran cercanía con quienes se encargan de cubrir facturas. Los cierres financieros, a partir del tercer año de este sexenio, carecen de congruencia, alejándose de sanas prácticas de gestión pública. Es relativamente fácil encontrar enormes erogaciones que no sólo no están comprendidas en el presupuesto, sino que, al tiempo de su aprobación resultaba imposible el preverlas, sin embargo, éstas, en muchas ocasiones, se realizan antes que las aprobadas.
Abundan asuntos, encomiendas u obras que surgieron al calor de alguna conferencia matutina, que se ejecutan a matacaballo con generosos pagos por adelantado, sin importar que los diputados no hayan podido siquiera imaginarlas, sí, se trata de proyectos que surgieron con posterioridad a la aprobación del presupuesto, y que resulta imposible encuadrar en los gastos en él aprobados. La cancelación del aeropuerto de Texcoco es un buen ejemplo.
Como es bien sabido, buena parte del Presupuesto de Egresos de la Federación está comprometido, dado que se trata de pasivos estructurales que se han venido acumulando a lo largo de los años, sin embargo, hoy es claro que se ha perdido la correlación de los ingresos públicos con los ramos, partidas y subpartidas previstos en dicho instrumento, ya que, en los hechos, existe un amasijo de ingresos que no necesariamente son empleados o destinados conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados, existiendo una notoria distorsión en el proceso origen-destino de los recursos.
El evidente descontrol que existía al cierre del segundo año de gobierno, determinó el inició un proceso de depredación de aquellos reservorios que constituían parte importante de las arcas públicas, poniendo fin a todo vehículo que no restituyera al final del ejercicio a la Tesorería de la Federación los recursos a su cuidado, por lo que se acabaron, sin razón, ni sustento legal, entre otros vehículos, múltiples fideicomisos que, durante décadas, atendieron necesidades que, por su propia naturaleza, deben sustraerse del vaivén anual del gasto presupuestario.
El proceso de identificación de disponibilidades que no serían ejercidas en el corto plazo proveyó fuente para solventar enormes adeudos derivados de ocurrencias. El uso de aquellas no ha sido transparentado de manera puntual y precisa, creando un limbo respecto de cientos de miles de millones de pesos, ya que su concentración y derivación se hizo de manera desordenada y sin criterios claros de registro. Se trata de excepcionales recursos que el Congreso decidió exceptuar de análisis puntual, dando irresponsablemente vuelta a la página.
