En todo el mundo se han hecho cálculos, y se sabe que el injusto y desbalanceado sistema tributario mexicano, si bien ha llegado a su límite, aún da para cubrir el irresponsable financiamiento solicitado. Sin embargo, debemos decir que resulta indebido el basar el pago de la deuda pública en la renta tributaria, ese no es su destino. Pero ya en ese derrotero, vale la pena hacer algunas consideraciones como relación a esa garantía.
En nuestro país se pagan elevadas tasas por concepto de ISR, IVA y IEPS. Nada más neoliberal que eso, pero la 4T las abrazó e hizo propias. Con tales tributos, dado su considerable monto, debiera bastar para sufragar, más que decorosamente, los gastos públicos, es decir, las erogaciones que derivan de la prestación de los diversos servicios públicos a cargo del Estado.
Tales contribuciones debieran incluir el brindar seguridad social a los trabajadores, como sucede en los países avanzados, sin embargo, el Gobierno Federal conserva el exótico cobro de cuotas obrero-patronales a favor del IMSS, a sabiendas de que se trata de un concepto que no está previsto en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Constitución, así es, se cobra de manera contraria a ésta.
Es claro que el Constituyente obligó a los mexicanos a cubrir los gastos públicos de Federación, Estados y Municipios, pero no menciona a otros sujetos exactores, por lo que es de afirmarse que resulta contrario a la Constitución que se nos cobre una cantidad que está, o debiera estar, comprendida en los gastos que hace la Federación. Sin asidero constitucional alguno, el sector público no sólo cobra lo que éste aporta al sistema de seguridad social con cargo al ISR, sino que obliga a los patrones a sufragar, por vía distinta, la operación de un organismo público, que lejos está de justificar el enorme costo que gravita sobre los contribuyentes. De tener un Tribunal Constitucional que se respetara, ese garlito ya habría sucumbido.
El presupuesto federal hoy permite articular un costoso esperpento asistencialista, con evidentes sesgos electoreros, dado que el Gobierno Federal no usa la recaudación para solventar los gastos públicos, destacando en ellos, los asociados a la seguridad social. Paga su “cuota” con cargo a los impuestos, y ha inventado el concepto “aportaciones de seguridad social”, para que el contribuyente soporte todo el sistema, incluyendo pensiones y la previsión social. El esquema es claramente perverso, y es todo, menos tripartita. El patrón paga todo.
Quienes nos distinguen como deudor “prestigiado”, prefieren no tomar en cuenta el enorme pasivo acumulado por un sistema burocrático de pensiones fallido, así como el impagable que adeudan, por concepto de pensiones, Pemex y CFE. Han preferido también no acusar recibo de que la pretensión de hacerse del mecanismo de aportación privada, usando la aplanadora parlamentaria, entraña admitir el estado ruinoso en que se encuentran las arcas públicas. A otro perro, con el hueso de prometer pensiones dignas, cuando no hay ni para pagar las indignas.
En el siglo XIX, López de Santa Anna gravó las ventanas. En el siglo XX se introdujo el IMSS, permitiendo al gobierno usar las reservas actuariales oficiales, como humo, sobre el cual montó el actual sistema de pensiones, éste, ahora se tratará de refinanciar, apropiándose de los fondos privados de retiro. Ello es, en el siglo XXI, el otro López, pretende ir más allá, quiere gastar hoy, quedando a deber lo que, de todos modos, sabemos resultara insuficiente mañana. No hay gran diferencia, es el mismo enfoque.
En tanto, se siguen cobrando en algunos estados exacciones por concepto de tenencia vehicular y otras inefables rarezas, dado que el Gobierno Federal insiste en mantener un sistema opaco de participaciones federales, distribuyendo, con el uso de complejas fórmulas, lo que en realidad no es sino su inapelable voluntad. Las variables son tan manipulables, que basta el fijar el resultado deseado, para que los alquimistas hacendarios modifiquen los parámetros en el alcance justo y necesario, para obtenerle.
Contrario a la razón y a lo establecido en la Constitución, el Gobierno Central ha decidido mantener en la impreparación técnico-operativa a estados y municipios, a modo de evitar tratarles como adultos tributarios, dado que resulta más fácil hacer los ajustes que permitan sufragar lo presupuestado, y, especialmente, lo que a lo largo del camino se le ocurra al residente de palacio, antes de que se determine la cantidad a participar de la renta fiscal. Ese modelo, además, permite que las disponibilidades puedan ser “invertidas”, generando jugosos rendimientos, que escapan al conocimiento del congreso, antes de llegar al destinatario en el interior.
A más de 100 años de la promulgación del nuevo pacto constitucional, debieran operar tantos sistemas de administración tributaria, como entidades existen, aparte del ente federal, ya que ese acuerdo fundacional no conserva un modelo centralista, como el que desafortunadamente se recreó con las leyes de coordinación fiscal.
