Dicha situación se agrava por la existencia de autoridades que están atrapadas en el dilema del regulador. Así es, quienes debieran dar la señal de alerta son quienes han decidido guardar cómplice silencio, al albergar un notorio conflicto de interés, siendo claro que no quieren, bajo ningún concepto, adoptar necesarias acciones preventivas, y, mucho menos, correctivas. Todo señalamiento los pone en vías de tener que asumir el control y saneamiento del intermediario en problemas, por lo que han decidido decretar la inexistencia de éstos.
Como ya lo dijimos al celebrarse la convención bancaria en este año, el sospechoso decreto de abultadas utilidades, así como su retiro, lejos de ser buena noticia, constituyó el primer foco de alerta, dado que resulta que los accionistas de algunas instituciones llevaron al cabo el retiro de artificiosas utilidades que no fueron analizadas con el debido cuidado, ni menos aún, objetadas por el agente regulador, antes de su pago.
En perjuicio de los ahorradores, muchos administradores bancarios se sirvieron con la cuchara grande, al ser capaces de “cumplir” sobradamente con las exigencias regulatorias, sin embargo, es evidente que las cifras de capitalización y reserva derivan de audaces mecanismos de interpretación contable y no de condiciones favorables de rentabilidad.
Debe tomarse en cuenta que no existe una dinámica virtuosa de demanda de crédito bancario, o no, al menos, una que justifique los alegados rendimientos, por lo que es de estimar que la plusvalía retirada proviene de la optimista apreciación, sino es que, hasta de una deliberada sobrevaluación, de activos, y no de un flujo efectivamente percibido.
Simultáneamente, es perceptible que existe un soterrado crecimiento de la cartera vencida, pero que este es manipulado bajo artificiosos mecanismos de reestructura, que lo único que consiguen es mantener el problema bajo el tapete, difiriéndolo. Objetivo que tiende a ser prohijado y hasta alentado por agencias gubernamentales, que son víctimas del apuntado dilema. La aludida sobrevaluación es coincidente con una visión excesivamente optimista de la recuperación, la cual no parece ser congruente con la realidad.
La presencia de noveles supervisores financieros permitió que los muy avezados intermediarios superaran, con facilidad, pero sin veracidad, los procedimientos de revisión, resultando que las áreas técnicas han podido obtener validación de las autoridades de balances que no se compadecen con lo que efectivamente ocurre en nuestro mercado financiero, tal y como ocurriera a principios de la última década del siglo pasado.
En ese entonces, los reguladores, más que garantes de la transparencia y objetiva valoración de los elementos que integran los balances financieros se convirtieron en oficiosos promotores de los integrantes del sistema, asumiendo, erradamente, que la presentación de boyantes estados financieros de los sujetos regulados les presentaría ante sus jefes como eficientes guardianes de la estabilidad, asunto que, a la postre, terminó siendo causa de pérdida de la credibilidad sistémica. Ésta, tarde o temprano, redunda en la gradual reprobación de los intermediarios, empezando por los menos exitosos, quienes sufren de intensas acciones especulativas, afectando, eventualmente, a todos los que integran al sistema.
Al menos existen ocho intermediarios bancarios que acusan condiciones de fragilidad, a los que las autoridades evidentemente no prestan atención, a modo de evitar el tener que operar rescates u otorgar medidas de flexibilización, que, en todo caso, saben eventualmente serán criticadas.
